Fotografía de archivo de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una rueda de prensa, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel GutiérrezLa vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este sábado la decisión de la Unión Europea (UE) de congelar de manera indefinida unos 210.000 millones de euros (unos 246.477 millones de euros) en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitirá destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.
“Claramente esto violento el derecho internacionalatenta contra la seguridad jurídica de inversiones y socava iniciativas de paz en la región”, señaló la también ministra de Hidrocarburos en una publicación en Telegram.
A su juicio, estas acciones “ilícitas” se inscriben en la arremetida del “norte global” contra los que suscriben un nuevo mundo de “legalidad contra el robo, la piratería, la expoliación y el saqueo”.
“El nuevo mundo se impondrá”subrayó.
Un paso claveEl viernes, los países de la UE aprobaron la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitirá destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.
El Consejo (Estados miembros) de la UE acordó la propuesta que abre la puerta a la congelación indefinida de los activos, sin necesidad de renovar ese bloqueo cada seis meses, calculando en poderes de emergencia contemplados en los tratados europeos bajo el artículo 122.
Se trata de un paso clave para poder emplear estos activos en la reconstrucción de Ucraniasiempre que la UE logre convencer a Bélgica de que levante su veto a esa medida en los próximos días.
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseveró en una publicación que este acuerdo permitirá que siga “aumentando la presión sobre Rusia hasta que tome en serio las negociaciones”.
Bélgica, el país en el que se encuentran la gran mayoría de estos activos inmovilizados, ha mantenido hasta ahora su veto a la propuesta por temor a represalias de Moscú y ha cuestionado el uso de los poderes de emergencia para inmovilizar indefinidamente los activos sujetos a sanciones.
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