21 acciones del chavismo sobre la oposición para cerrar el espacio democrático en VenezuelaEsta semana, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, denunció en Oslo que su reconocimiento pertenece a los venezolanos que enfrentar una “guerra declarada” por Nicolás Maduro y señaló el apoyo del gobierno chavista en potencias como Cuba, Rusia e Irán, y en “organizaciones criminales como Hamas y Hezbollah”, además de usar los recursos petroleros para “la persecución política y la tortura”.
A lo largo de más de dos décadas, la comunidad internacional, incluyendo aliados y beneficiarios del chavismo, sostuvo que la crisis debía resolverse “entre venezolanos”. Esta postura ha sido criticada por obstaculizar la presión externa y permitir el silenciamiento cómplice ante las sistemáticas violaciones constitucionales y de derechos humanos documentadas por la ONU, la OEA, y otras organizaciones.
La persistente trayectoria histórica demuestra que, a pesar de los esfuerzos continuos de la oposición venezolana por emplear los mecanismos institucionales y constitucionales para contrarrestar la acumulación de poder estatal, estos intentos han sido sistemáticamente neutralizados. Aún cuando se producen significativas movilizaciones ciudadanas y momentos de victoria electoral, la consolidación del chavismo no pudo ser revertida.
El chavismo bloqueó los intentos de la oposición de abrir una salida democrática en Venezuela, estos son algunos momentos:
Ley de la Constituyente y reorganización del Estado (1999-2000)La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1999 se autoproclamó por encima de todas las instituciones, anulando el Congreso y la Corte Suprema. Este hecho, sumado a las “megaelecciones” del 2000, permitió la reelección de Hugo Chávez y el control total sobre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, neutralizando los recursos legales de la oposición y consolidando la subordinación institucional.
11 de abril de 2002: ruptura y retornoUn intento de golpe de Estado por parte de la oposición y militares se revirtió en menos de 48 horas. El retorno de Chávez al poder reafianzó su control sobre el aparato estatal y fortaleció la alianza con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sentando un precedente para el uso de la represión ante crisis de gobernabilidad.
Paro petrolero y despidos masivos en Pdvsa (2002-2003)La respuesta del gobierno al paro cívico y petrolero fue el despido público y masivo de millas de trabajadores de la estatal Pdvsa. La reestructuración militarizó puestos clave de la industria, eliminó derechos laborales y debilitó cualquier vestigio opositor dentro de la administración pública.
Referendo Revocatorio de 2004La oposición se enfrentó a un proceso obstruido por un Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) señalados de parcialidad, quienes dilataron la validación de firmas. Pese a las sospechas de fraude y el uso de la “Lista Tascón” para represalias, el resultado oficial reforzó el dominio chavista con el 59,25% a favor de Chávez, cerrando la vía institucional de reversión presidencial.
Reelección de 2006, reforma y cierre de RCTV (2007)Tras la reelección de Chávez en 2006, el gobierno no renovó la licencia de RCTV, una de los principales canales, lo que se catalogó como un atentado a la libertad de expresión y una estrategia de control mediático estatal. Aunque la oposición logró el rechazo de la reelección indefinida en el referendo de 2007, Chávez la aprobó mediante una enmienda en 2009.
Protestas Estudiantiles de 2009La reducción presupuestaria a las universidades desencadenó masivas protestas. Este movimiento coincidió con el debate de la enmienda constitucional para la reelección indefinida. Pese a la resonancia internacional de las movilizaciones, la reforma se aprobó, y el movimiento estudiantil no logró revertir la ampliación de poderes presidenciales.
Ley Habilitante y concentración de poder (2010)La Asamblea Nacional saliente, de mayoría oficialista, aprobó en diciembre de 2010 una Ley Habilitante que concedió a Chávez poderes para legislar por decreto durante dieciocho meses. La medida buscaba frenar el impulso de la nueva legislatura, que contaría con una representación significativa opositora, centralizando el poder y eliminando el contrapeso parlamentario.
Expropiaciones y reconfiguración económica (2005-2012)El programa de expropiaciones forzosas, que afectó a unas 1.200 empresas, se contuvo por el aparato policial y judicial, que limitó la efectividad de los recursos legales opositores. El proceso resultó en una disminución de la inversión privada y el aumento de la presencia militar en la dirección de la economía estatal.
Avances opositores y estructuras paralelas (2008–2012)A pesar de los logros electorales opositores en gobernaciones y alcaldías estratégicas, el gobierno recentralizó el poder y creó estructuras administrativas paralelas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) validó esta transferencia de competencias a entes controlados por el Ejecutivo, vaciando de contenido las victorias democráticas a nivel regional.
Última elección de Chávez y ascenso de Maduro (2012-2013)La reelección de Chávez y su posterior caída culminaron con la asunción total de poderes por parte de Nicolás Maduro, una interpretación constitucional rechazada por la oposición. La ajustada victoria del oficialista en las elecciones anticipadas de 2013, en medio de denuncias de falta de auditoría integral, fue validada por el CNE de mayoría chavista.
Protestas de 2014Las movilizaciones por la crisis social fueron respondidas con el uso excesivo de la fuerza, resultando en al menos 43 muertos y millas de detenciones arbitrarias, muchas de ellas con relatos de tortura. La represión se dirigió a figuras clave como Leopoldo López y María Corina Machado, quienes sufrieron persecución e inhabilitación.
2015: victoria legislativa y anulación del ParlamentoLa mayoría calificada obtenida por la oposición en la Asamblea Nacional fue bloqueada inmediatamente por el TSJ, que declaró el Poder Legislativo en “desacato”. El Tribunal, conformado por magistrados cercanos al chavismo, consideró de facto todas las competencias legislativas, invalidando la agenda parlamentaria opositora.
Intento de Referendo Revocatorio (2016)A pesar de que la oposición recolectó 1,85 millones de firmas, el CNE impuso retrasos y trámites adicionales. Los tribunales penales regionales anularon la validez de la primera fase por presunto fraude. Esta decisión, acatada por el CNE, suspendió el proceso y negó la vía constitucional de la revocatoria.
2017: protestas y Asamblea Nacional ConstituyenteTras la decisión del TSJ de asumir competencias de la Asamblea y la intensificación de las protestas, Maduro promovió la ANC sin referendo previo. La elección se señaló como manipulada por la empresa de votación y la oposición. El ANC, integrado solo por oficialistas, adquirió atribuciones plenas y desplazó al Parlamento legítimo, rompiendo el orden democrático.
2017–2018: crisis económica y migraciónLa hiperinflación y el colapso de la producción petrolera generaron la mayor diáspora de la región, con millones de migrantes. La oposición, destituida de sus competencias institucionales, solo pudo denunciar internacionalmente el contexto, logrando sanciones que no lograron frenar la crisis humanitaria.
Elección presidencial sin garantías (2018)Las elecciones del 20 de mayo de 2018 se celebraron sin garantías y con la abstención de los principales partidos de oposición, debido a inhabilitaciones y un cronograma electoral obstructivo. El proceso, desconocido por la OEA y la Unión Europea, resultó en la reelección de Maduro, cerrando la vía electoral para la alternancia.
2019: presidencia encargada y 30 de abrilLa proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, con el respaldo de más de 50 países, fue una respuesta a la “usurpación del poder”. Sin embargo, el intento de alzamiento militar del 30 de abril no obtuvo el apoyo de la cúpula, y la represión posterior, con miles de detenciones arbitrarias y presuntas ejecuciones extrajudiciales, sofocó la iniciativa.
2020–2022: Legislativas sin oposición principal y diálogosLas elecciones parlamentarias de 2020 se realizaron sin la participación de la Plataforma Unitaria, que denunció manipulación judicial. Esto conllevó a la pérdida de la legitimidad internacional de la presidencia encargada. Las negociaciones en México, aunque lograron acuerdos parciales, se detuvieron abruptamente tras la extradición de Alex Saab a EE UU.
Diálogos fallidos y confrontación política (2023–2025)El acuerdo de Barbados para “condiciones electorales” se congeló tras la negativa del gobierno de restituir los derechos políticos de María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras. El ambiente se deterioró con el incremento de detenciones, inhabilitaciones judiciales y persecución al equipo de campaña opositor.
Primarias opositoras e inhabilitaciones (2023)Las primarias autogestionadas, que contaron con la participación de 2,3 millones de personas, se consiguieron por la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado por el TSJ en 2024. Este uso sistemático de inhabilitaciones se consolidó como la herramienta principal para eliminar a la disidencia, neutralizando el avance electoral logrado.
2024: elección presidencial y represión Tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que el CNE declaró a Maduro ganador sin mostrar las actas de votación, se desató una cruel represión de las manifestaciones. Amnistía Internacional y el Foro Penal reportaron millas de detenciones arbitrarias, advirtiendo la Misión Internacional de la ONU sobre prácticas que podrían ser crímenes de lesa humanidad. El aparato estatal cohesionado clausuró de forma efectiva las vías de alternancia política y judicial.
Con información de Infobae
Gobierno de MaduroOposición de VenezuelaVenezuela