La seccional Bolívar de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial profirió una de las decisiones más severas de los últimos años contra un funcionario de la Rama Judicial en el departamento. el abogado Larry López, quien se desempeñaba como empleado administrativo, fue destituido e inhabilitado luego de que se comprobara que creó y operó una nómina ficticia para desviar recursos públicos a través de seis supuestos servidores judiciales que, en realidad, no trabajaban para la entidad.
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Según decidido el expediente disciplinario, López registró a estas personas en el sistema de nomina entre enero y septiembre de 2021, periodo durante el cual giró más de $500 millones por conceptos de asesorías inexistentes. Los beneficiarios no solo eran ajenos a la estructura judicial, sino que mantenían vínculos personales con él.
La maniobra se ejecutó mediante accesos irregulares al sistema informático, alteraciones de datos internos y órdenes de pago que se camuflaban entre la nómina real. Una vez los recursos ingresaban a las cuentas de los “falsos funcionarios”, estos debían entregar el dinero al abogado, quien resultaba ser el beneficiario final del desvío.
Una estructura que operaba desde 2018, según la investigación
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La investigación disciplinaria permitió establecer que el esquema no se redujo solo a los hechos de 2021. De acuerdo con el magistrado investigador Jorge Rojas, López habría venido manipulando el sistema de nómina desde 2018, realizando pagos por fuera de los controles internos y moviendo hasta $2.700 millones durante ese período.
El patrón detectado consistía en registrar temporalmente a personas cercanas como si fueran contratistas o empleados ocasionales de apoyo a la gestión judicial. Los montos transferidos fluctuaban entre $10 y $20 millones, lo que permitía mantener las operaciones bajos perfiles de gasto relativamente bajos y, por tanto, menos visibles en los controles rutinarios.
El uso de accesorios indebidos fue clave para mantener el esquema a flote. “López aprovechó su conocimiento del sistema interno para modificar registros sin dejar rastros inmediatos y así evitar alertas de auditoría”. No obstante, inconsistencias en los pagos acumulados, sumadas a reportes internos, terminaron por activar las alarmas que llevaron a revisar sus movimientos.
La Comisión de Disciplina concluyó que se trató de una conducta gravísima, ejecutada con dolo, y con un impacto directo sobre el patrimonio de la Rama Judicial.
El modus operandi: vacaciones fraccionadas y una nómina paralela estable
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Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la manera en que López manejó sus propios períodos de descanso. Según el expediente, el funcionario tomó vacaciones discontinuas, en pequeños fragmentos, para evitar que su ausencia prolongada genere retrasos o fallos en la ejecución de la nómina paralela. Su presencia en la oficina era clave para autorizar los pagos fraudulentos y asegurar el sostenimiento del esquema.
En total, Unas 12 personas aparecen involucradas en las maniobras que permitieron operar este entramado. Algunos accionan como receptores de los recursos; otras, como facilitadores ocasionales. Sin embargo, la Comisión determinará que López era el eje principal y el beneficiario final de la apropiación de fondos.
El fraude no solo implicó el desvío de recursos, sino la afectación del principio de moralidad pública y las alteraciones de documentos con información falsa, lo que agravó su responsabilidad. La entidad disciplinaria destacó la manera sistemática en que se vulneraron los controles, evidenciando una deliberada intención de engañar a la administración.
Consecuencias penales y disciplinarias
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Además de la sanción disciplinaria, López enfrenta un proceso penal por acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación delitos, que, en conjunto, podrían derivar en una condena significativa. La Fiscalía ya documentó buena parte de las maniobras y avanza en la etapa de juicio.
El magistrado Rojas explicó que la cifra de $500 millones reportada inicialmente corresponde al periodo 2021, pero que la investigación penal amplió el rango temporal y detectó operaciones desde 2018, con un consolidado que supera los $2.700 millones. “La conducta fue reiterada y sostenida. Se afectarán recursos de la Rama Judicial durante varios años”, precisó.
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Con esta decisión, la Comisión envía un mensaje sobre la necesidad de reforzar los sistemas de control interno y la vigilancia sobre los procesos automatizados que, si bien optimizan la gestión, también pueden ser vulnerados cuando se combinan conocimiento técnico y voluntad de fraude.
La sanción contra López se convierte así en un precedente para la Rama Judicial y un recordatorio de los riesgos que enfrenta la administración pública cuando fallan los controles y la ética de sus funcionarios.
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