Zambrana aseguró que la eliminación del Ministerio de Justicia en Bolivia no representa una violación legal. Foto: ArchivoEl cierre del Ministerio de Justicia por parte del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, marcó un punto de inflexión en la estructura institucional del país, al desmontar uno de los órganos más polémicos del aparato estatal durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
La decisión, formalizada mediante decreto el 20 de noviembre tras el escándalo que involucró al exministro Freddy Vidovic -quien ocultó una sentencia por corrupción- ha sido interpretada como un acto de saneamiento institucional y un intento de reconfigurar el equilibrio entre el poder político y el sistema judicial.
Paz sostiene que la desaparición de esta cartera es indispensable para romper la injerencia del Ejecutivo en la justicia, una promesa que había planteado en su campaña electoral.
El abogado y periodista boliviano Agustín Zambrana considera que la decisión del presidente Rodrigo Paz es un “paso inicial muy importante” hacia la independencia de poderes en Bolivia.
En entrevista con El NacionalZambrana ofreció un análisis crítico del papel que esa cartera ha desempeñado durante los últimos 20 años, señalando que se convirtió en un “instrumento de persecución política” al servicio del Poder Ejecutivo.
“El Ministerio de Justicia se convirtió en estos últimos años en una especie de ente que iba a la justicia y le decía qué tenía que hacer, a quién enjuiciar, a quién perseguir, a quién sacar de las luchas políticas”, afirmó Zambrana.
Añadió que esa distorsión institucional se consolidó durante el gobierno de Evo Morales, cuando el socialismo -dijo- “acaparó todo el poder de Estado” y utilizó la justicia como una pantalla para legitimar decisiones políticas.
Explicó que originalmente el Ministerio de Justicia debía limitarse a funciones de coordinación con el Órgano Judicial, sin atribuciones sustantivas. Sin embargo, durante el proceso de concentración de poder iniciado en 2006, esa cartera fue dotada de competencias como el control del notariado, el registro de abogados y otras funciones que “rompieron la institucionalidad judicial de Bolivia y la independencia de poderes”.
El abogado fue especialmente crítico con el exministro de Justicia Iván Lima (2020-2024), a quien acusó de haber emprendido procesos judiciales contra opositores políticos durante el gobierno de Luis Arce.
“Encarceló al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a la expresidenta Jeanine Áñez, a Marco Pumari y muchos otros. Todo a nombre de la justicia, pero lo operaba el ministerio”, dijo.
Medida busca romper vínculos históricos entre justicia y poder políticoZambrana también abordó la legalidad de la medida adoptada por el gobierno de Rodrigo Paz, quien justificó la decisión como parte de una estrategia para “restaurar la confianza ciudadana” y “poner fin a la persecución política”.
El abogado aseguró que la eliminación del Ministerio de Justicia no representa una violación legal.
“No hay ninguna norma que obligue a que exista. Es una estructura administrativa del Ejecutivo, y puede ser modificada por decreto. No hay ningún perjuicio, más bien va a haber un equilibrio del poder”, sostuvo.
Celebró la decisión y afirmó que “hoy se está viendo que el Poder Ejecutivo ya no comanda al Poder Judicial. Eso es nuevo en Bolivia”.
No obstante, se reconoce que la corrupción en el sistema judicial sigue siendo un problema estructural.
“En Bolivia hay una cultura de la corrupción. Todo se paga: al juez, al actuario, al secretario. Eso es lo que hay que cambiar, pero se ha dado un paso inicial muy importante”, afirmó.
Liberación de perseguidos marca giro en justicia boliviana recienteAcerca del futuro de la administración de justicia, Zambrana indicó que las funciones administrativas del ministerio desaparecido han sido redistribuidas a otros organismos, sin que ello implique parálisis institucional.
“Los trámites como registros y otros servicios han pasado a otros ministerios, oero ya no hay un ente que manipule la justicia desde el Ejecutivo”, dijo.
Al ser consultado sobre los perseguidos políticos del régimen pasado, el abogado -que es vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz- destacó que más de 300 personas fueron víctimas de procesos judiciales por razones políticas, según registros de la Global Human Rights Foundation.
“Desde que el socialismo perdió la primera vuelta el 19 de octubre, muchas de estas personas han sido liberadas. Camacho, Áñez, Pumari ya están fuera de prisión. Aunque los procesos siguen abiertos, se están cayendo por falta de pruebas”, explicó.
Finalmente, envió un mensaje al país: “En Bolivia hay los primeros pasos para reinstitucionalizar los poderes del Estado. Va a ser difícil, porque la cultura de la corrupción es profunda. Pero hoy tenemos una oportunidad histórica para construir una justicia realmente independiente. Todos los días debemos trabajar para que eso sea una realidad”.
Paz cumplió su promesaLa eliminación del Ministerio de Justicia fue oficializada por el presidente Rodrigo Paz mediante decreto supremo el 20 de noviembre de 2025, en medio de una crisis institucional provocada por el escándalo del exministro Freddy Vidovic (noviembre 2025), quien fue destituido tras revelarse que tenía una sentencia firme por corrupción desde 2015.
Paz nombró inicialmente a Jorge Franz García como ministro de Justicia interino, pero luego comunicó la decisión de eliminar ese despacho.
El mandatario recordó que durante su campaña electoral había prometido eliminar el Ministerio de Justicia, argumentando que la izquierda, que estuvo en el poder durante dos décadas, lo utilizó para perseguir a la oposición.
La medida se presentó como parte de una estrategia para “restaurar la confianza ciudadana” y “poner fin a la persecución política”.
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