Lo que dijimos desde la campaña electoral se está revelando cruelmente para el país y para Petro: el socialismo del siglo XXI, encabezado por este en Colombia, está siguiendo detalladamente la estrategia de toma del poder para desde adentro destruir la democracia e instaurar la dictadura socialista que con los delincuentes de lesa humanidad del narcoterrorismo las FARC y el ELN, convertirían a Colombia en un narcoestado. Revelaciones de contactos entre el grupo de alias Calarcá y rangos altos del sistema de inteligencia del gobierno, en donde se pretende (como en efecto lo hicieron) descabezar la inteligencia militar y policial e infiltrar en la inteligencia del Estado a narcoterroristas para influir en el empoderamiento territorial del narcoterrorismo, conducente al fin designado: la instauración de la dictadura del socialismo del siglo XXI.
En efecto en los últimos días, un escándalo ha sacudido a Colombia tras revelaciones periodísticas que exponen una presunta red de infiltración de las disidencias de las FARC en instituciones clave de seguridad estatal, incluyendo el Ejército Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Fiscalía y la Policía. Estas acusaciones surgieron de una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, basada en documentos incautados durante un operativo en julio de 2024 contra el grupo armado liderado por alias Calarcá (Alexander Díaz Mendoza). A continuación, detalla los aspectos principales de estas revelaciones, respaldados por evidencias técnicas como correos electrónicos, chats, audios y archivos digitales.
Origen de las revelaciones
Operativo clave: el 23 de julio de 2024, en Anorí (Antioquia), las autoridades capturaron a alias Calarcá y varios miembros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia de las FARC que se separó del Estado Mayor Central (EMC) de alias Iván Mordisco en 2024 para negociar paz por separado con el gobierno.
Material incautado: se decomisaron más de 100 dispositivos electrónicos (computadores, celulares y memorias USB) que contenían comunicaciones internas del EMBF. Estos archivos, en posesión de la Fiscalía desde hace más de un año, revelan nexos con altos funcionarios estatales y no han sido investigados hasta ahora.
Contenido principal: Incluye instrucciones para reuniones, planos de empresas fachadas y filtraciones de información reservada para evadir operativos militares en regiones como el Catatumbo, sur de Bolívar y Antioquia.
Los documentos apuntan a colaboraciones que facilitan el movimiento de disidentes en vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el acceso a datos clasificados. Los implicados claves son el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército (reincorporado en agosto de 2025); Propuso crear una empresa de seguridad “mitad y mitad” para legalizar armas y vehículos blindados de las disidencias. Influencia en DNI hasta su reingreso. Wilmar Mejía, director de Operaciones de la DNI (cercano a Gustavo Petro), colaborador en filtraciones de inteligencia; facilitó información sobre movimientos de la Fuerza Pública para evitar capturas. Un disidente anónimo confirmó a Noticias Caracol que Huertas y Mejía actuaron como enlaces, permitiendo el uso de camionetas estatales y evadiendo operaciones.
Conexiones políticas y financieras
Apoyo a la campaña de Petro (2022): charlas entre Iván Mordisco y otros líderes del EMC revelan un supuesto respaldo financiero a la candidatura de Gustavo Petro, canalizado a través de la vicepresidenta Francia Márquez. Mordisco habría dicho: “El apoyo se hizo a través de Francia Márquez”.
Confrontaciones internas: archivos muestran tensiones, como amenazas de Mordisco de usar “pruebas de acuerdos de campaña” para “tumbar” a Petro, criticándolo por “traicionar” el apoyo guerrillero.
Los documentos decomisados en julio de 2024 a alias Calarcá, cabecilla del EMBF con fuerte impronta narco, incluyen chats y correos que, según Noticias Caracol, sugieren: uso de procesos de paz para delinquir. Instrucciones para evadir operativos antinarcóticos mediante filtraciones de la DNI y el Ejército, permitiendo el trasiego de cargamentos en vehículos estatales. Un chat de febrero de 2024 propone una “empresa de seguridad mitad y mitad” con el general Juan Miguel Huertas para legalizar y movilidad, facilitando así armas actividades narco.
Contexto histórico: Petro ha sido criticado por su visita a Manta (Esmeraldas, Ecuador) en 2022, donde se hospedó en casa de un narcotraficante extraditado, y por pactos como los de La Picota con exguerrilleros vinculados a economías ilícitas. Además, el EMBF de Calarcá, pese a su prontuario narco (incluido el derribo de un helicóptero antinarcóticos en agosto de 2025 que mató a 13 policías), mantiene diálogos de paz con el gobierno.
Estados Unidos instó a investigar “profundamente” los alegatos y tomar “medidas apropiadas”. Figuras como Álvaro Uribe expresaron “tristeza y desengaño”, condenando la supuesta permeabilidad del gobierno actual. El CD, como epicentro de la oposición dura, ha sido el más vocal, calificando el caso como “infiltración mafiosa” y “traición histórica”. El partido ha impulsado acciones concretas, como denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y peticiones internacionales. Sus parlamentarios enfatizan la supuesta financiación de la campaña de Petro por las disidencias y la cooptación de instituciones como el Ejército y la DNI. María Fernanda Cabal exigió que el país vea la investigación de Noticias Caracol y cuestionó: “¿Qué hay de la financiación de la campaña de Petro?”. En X: “El país debe ver esta investigación de donde se evidencia vínculos entre el terrorista de las FARC alias Calarcá, un general de la República y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia”. Acusó al gobierno de “encubrimiento” y pidió extradiciones a Estados Unidos. Paloma Valencia anunció que presentará una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones por el presunto apoyo de las FARC a la campaña de Petro y la infiltración de alias Calarcá. En X publicó: “Presentaré una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investigue el presunto apoyo de las FARC a su campaña presidencial, revelada por Noticias Caracol, así como la infiltración de alias Calarcá en las Fuerzas Militares y la DNI”. También solicitó al gobierno de Estados Unidos declarar a las disidencias de las FARC como organizaciones terroristas.
Los precandidatos de centro y derecha condenaron unánimemente estas revelaciones, señalando el peligro de esto para la seguridad nacional y la supervivencia de la democracia.
La oposición acusa al gobierno de minimizar los hechos (Petro los llamó “falsos informes de la CIA”), y ve en ellos un paralelo con la parapolítica de gobiernos anteriores, pero con “mayor profundidad” por involucrar inteligencia estatal. El Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó las demandas de investigación “profunda”, lo que ha fortalecido las voces opositoras. Analistas estiman que esto podría polarizar más la contienda de 2026, beneficiando a candidatos de derecha que prometen “mano dura” contra el crimen organizado. Si el escándalo avanza en la Fiscalía, podría derivar en citaciones a altos funcionarios, intensificando el debate.
Esto no se debe acabar en meras declaraciones, está en peligro la supervivencia de la democracia, no puede suceder que como siempre esto no pase del escándalo mediático y que el fiscal de bolsillo de Petro haga “investigaciones” amañadas para cubrir estos delitos de Petro y sus secuelas.
Ya basta de buenismo con el narcoterrorismo y la estrategia de Petro para destruir la democracia con el fin de convertir a Colombia en un narcoestado. Se debe de inmediato formar un frente unido democrático para, como sabiamente dijo en su momento, “hacer trizas el acuerdo con las FARC” y acabar con la estrategia de “Paz Total” de Petro que no es más que el empoderamiento territorial del narcoterrorismo para los finos señalados. No se puede flaquear ante la estrategia del socialismo del siglo XXI de acabar con la democracia desde el poder, instaurar una dictadura y seguir el modelo venezolano de conversión de Colombia en un narcoestado.