El debate sobre la seguridad en Colombia volvió a tomar fuerza en los últimos meses con la crisis que afronta el país. En medio de un panorama nacional atravesado por cambios en la criminalidad y por una sensación generalizada de falta de presencia institucional, tanto gobernaciones como alcaldías han alzado sus voces en un llamado conjunto al Gobierno Nacional. pero ¿Es solo una cuestión de percepción o hacen falta más policías en las ciudades colombianas?
El fin de semana pasada se llevó a cabo un encuentro de 18 alcaldes de ciudades capitales con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula de la Fuerza Pública, convocados por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en Valledupar. La sesión, liderada por el presidente de la asamblea y alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, permitió a los mandatarios locales exponer las dificultades que enfrentan para garantizar la seguridad en sus territorios.
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Presentación de las autoridades para las nuevas estrategias de seguridad. Foto:Alcaldía
En este evento se presentó un informe en el que se reportó cuántos miembros de la institución prestan servicio en cada una de las capitales del país, con base en la información brindada por la Policía Nacional y con corte a octubre de 2025. Este dato se comparó con la población (indicador del Dane de 2018), la extensión territorial y las cifras de criminalidad para lograr un análisis a profundidad en cada urbe.
En principio, las cifras muestran un país que no puede ser leído de manera homogénea: mientras algunas ciudades reportan avances en ciertos indicadores, otras enfrentan incrementos preocupantes que ponen a prueba la capacidad operativa de la Policía Nacional y de los gobiernos locales para responder a las dinámicas de violencia urbana. Un análisis comparado de 34 ciudades revela un país profundamente desigual en materia de seguridad, donde la población no siempre es el criterio que determina la asignación del personal de la Policía Nacional.
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La policía de Suba apoyó la atención inicial de los niños. Foto:archivo particular
Bogotá, por ejemplo, concentra más de 7,9 millones de habitantes, pero su proporción de policías por cada 100 habitantes es una de las más bajas del país: apenas 0,20 %. Es decir, el territorio y la dinámica criminal de la capital son atendidos con un nivel de pie de fuerza proporcionalmente inferior al de la mayoría de ciudades intermedias. Medellín (0,26 %), Cali (0,28 %) y Valledupar (0,25 %) porcentajes muestran similares, lo que confirma una tendencia estructural: las grandes urbes tienen una presión mayor operativa, pero una asignación policial que no crece al mismo ritmo que su población o sus demandas de seguridad.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos de Colombia (Cerac) y profesor en la Pontificia Universidad Javeriana, dice que se pueden sacar varias conclusiones de estas cifras. “Primero, que las principales ciudades, es decir, Bogotá, Medellín y Cali –con la excepción de Barranquilla, y en particular Cali, que es una ciudad todavía muy violenta– tienen un nivel de policía muy bajo comparado con ciudades poco violentas que cuentan con muchos policías, como Tunja o Pasto”, dice.
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Los policias asesinados en el Sur de Bolivar. Foto:cortesia
El contraste más extremo aparece en las pequeñas ciudades, especialmente en zonas apartadas o de difícil acceso. Puerto Carreño (1,98 %), San José del Guaviare (1,49 %), Mitú (1,11 %), Leticia (1,12 %) e Inírida (1,07 %) encabezan la lista de los territorios con mayor proporción de uniformados. No es que estas ciudades estén “sobreprotegidas”, sino que su dispersión geográfica, sus enormes áreas rurales y las dinámicas de economías ilícitas obligan a un pie de fuerza mínima para mantener la presencia institucional.
El caso más llamativo es el de Providencia, que registra un 8,87% de policías por cada 100 habitantes. Sin embargo, su condición de territorio especial –en proceso de reconstrucción, atención al turismo y necesidad de presencia permanente tras emergencias– explica esta cifra. En el otro extremo del espectro está Uribia, con 198.368 habitantes y 7.904 km², que opera solo con 69 policías (0,03 % de dotación), lo que, en términos prácticos, equivale a una presencia casi inexistente del Estado. Aunque muestra mejoras en hurto (-32,43 %) y lesiones (-16,67 %), enfrenta aumentos críticos en homicidios (200 %), extorsión (150 %) y secuestro (100 %).
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La Policía Metropolitana anunció un dispositivo especial de seguridad para el fútbol. Foto:Policia Metropolitana de Barranquilla
El escenario evidencia una fuerte vulnerabilidad institucional, que se agrava por su extensión, su complejidad social y la presencia de grupos armados como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Eln, convirtiéndola en la zona más subdotada del país.
“La diferencia entre Leticia y Uribia es absurda”, compara Restrepo. La capital del Amazonas, con 55.691 habitantes y 5.829 km², opera con 622 policías. Presenta un fuerte aumento en hurto (103,33 %), delitos sexuales (80 %) y violencia intrafamiliar (37,04 %), aunque mejora homicidios (-7,14 %) y lesiones (-6,94 %). Aunque el refuerzo policial se debe a las tensiones por ser una frontera clave para el narcotráfico, una zona apta para la minería ilegal y debido a su aislamiento geográfico, sí presenta un contraste claro con otras urbes que demuestra una probable falta de planificación en cuanto a la asignación de uniformados a cada región.
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Operativos en Cartagena Foto:distrito de cartagena
Ciudades intermedias como Barranquilla (0,40 %), Bucaramanga (0,36 %), Cúcuta (0,36 %), Manizales (0,38 %), Cartagena (0,31 %), Pereira (0,34 %) y Popayán (0,44 %) presentan proporciones más equilibradas, aunque cada una enfrenta realidades específicas. Cúcuta, por ejemplo, tiene una de las fronteras más activas del continente y, durante el presente año, ha atravesado una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años a causa del recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo por cuenta de enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc.
Cartagena debe responder a un flujo turístico de extranjeros, al igual que Medellín, que ha incrementado delitos como la trata de personas y la explotación sexual de menores.
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Operativos en Cartagena Foto:Policia Nacional
La comparación evidencia que medir la suficiencia del pie de fuerza únicamente con base en la población es una fotografía incompleta. La extensión territorial, la ruralidad, las economías ilícitas, el turismo, la frontera, la presión migratoria, la presencia de grupos armados. y hasta las particularidades logísticas (como los ríos de la Amazonia o las trochas de la Orinoquia) moldean de manera determinante la necesidad de personal policial. Pero, más allá de la distribución, hacen falta uniformados.
Según el director del Cerac, la cantidad de Fuerza Pública en el país es muy baja. “Eso es un problema que ya varios han señalado en términos de la cantidad de policías y que se debe en gran parte a una oleada de retiros después de la pandemia. Pese a que el Gobierno Nacional ha tratado de mejorar la compensación y las condiciones de ingreso de los policías, hay un problema en términos de dificultades de incorporación y de formación de los policías”, aseguró el experto. También señaló que esta coyuntura se puede aprovechar para que haya más mujeres policías.
La proporción de policías por habitante sí permite identificar brechas que, más allá de las particularidades locales, deben encender alertas. Bogotá, con una de las demandas operativas más altas del país, funciona con un pie de fuerza proporcionalmente inferior al de ciudades que enfrentan retos menos complejos. Medellín y Cali, además de eso, tienen porcentajes insuficientes frente a su magnitud poblacional y su historial de violencia urbana. Y casos como el de Uribia muestran un vacío institucional que no puede justificarse con criterios técnicos.
STEFANÍA LEÓN ARROYAVE
PERIODISTA DE NACIÓN
EL TIEMPO