Durante dos décadas, el nombre Kirchner estuvo en el centro del poder de Argentina. Ahora un tribunal ha decidido despojar a la familia de uno de los fundamentos de ese poder: su fortuna inmobiliaria.
Un tribunal federal de Buenos Aires ordenó la confiscación de 20 propiedades vinculadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.
Los jueces dicen que esos bienes son parte del daño causado por un vasto plan de obras públicas en la remota provincia sureña de Santa Cruz, donde comenzó el proyecto político de la familia.
La cantidad que el Estado pretende recuperar es enorme: 684.990 millones de pesos, aproximadamente el valor de 500 millones de dólares. El caso, conocido como “Vialidad”, examinó 51 contratos de construcción de carreteras.
Según el tribunal, las licitaciones se diseñaron repetidamente para favorecer al empresario Lázaro Báez, un amigo cercano de los Kirchner, mediante presupuestos acolchados, aprobaciones aceleradas y obras inconclusas.
La dinastía Kirchner de Argentina enfrenta un costoso ajuste de cuentas. (Foto reproducción de Internet) Cristina Kirchner ya fue condenada a seis años de prisión y cumple arresto domiciliario, con inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos.
Argentina confisca activos vinculados a Kirchner La nueva medida tiene que ver con el dinero, no con el tiempo en prisión: está diseñada para recuperar lo que los jueces dicen que perdieron los contribuyentes. A los extranjeros les ayuda tener una idea de lo que se está confiscando.
Entre los activos se encuentran la residencia de Cristina en la localidad patagónica de El Calafate, el terreno en Río Gallegos donde se construyó el exclusivo complejo hotelero Los Sauces, y apartamentos y terrenos utilizados en el modelo de negocio de hotel y alquiler de la familia.
Propiedades y empresas vinculadas a Báez y al ex ministro de Planificación Julio De Vido también están en la lista, lo que eleva el número total de activos afectados mucho más allá de la familia Kirchner.
La historia más profunda es cómo el poder político y los negocios se desdibujaron. Los contratos de obras públicas en una provincia escasamente poblada alimentaron a un contratista amigable.
Luego, ese contratista alquiló habitaciones de hotel y propiedades a la familia gobernante, incluso cuando la ocupación era baja. Para muchos argentinos, la orden de confiscación parece un mensaje largamente demorado de que este circuito cerrado de favores tiene límites.
Los partidarios de la expresidenta insisten en que ella es víctima de un poder judicial politizado. Pero para los inversionistas, expatriados y ciudadanos comunes que observan desde el extranjero, el caso es una prueba de si las instituciones argentinas aún pueden resistir cuando una élite gobernante trata el dinero público como un activo personal.