Bangladesh ha tomado la extraordinaria medida de condenar a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por crímenes contra la humanidad, convirtiendo el levantamiento juvenil del año pasado en un juicio a gran escala de cómo se ha gobernado el país durante décadas.
La historia comenzó a mediados de 2024 con protestas por un sistema controvertido que reservaba una gran parte de los empleos del sector público para grupos políticamente conectados.
Los estudiantes y jóvenes profesionales lo vieron como un símbolo de un sistema en el que la lealtad al bando gobernante importaba más que la competencia, la iniciativa privada o el trabajo duro. Las marchas se extendieron rápidamente por todo el país, pidiendo que Hasina dimitiera después de 15 años en el poder.
Lo que siguió fue una brutal represión. Las fuerzas de seguridad y grupos callejeros aliados abrieron fuego contra multitudes en su mayoría desarmadas, llevaron a cabo detenciones masivas y fueron acusados de desapariciones.
Una investigación internacional posterior estimó que alrededor de 1.400 personas murieron en cuestión de semanas. Cuando partes del aparato de seguridad se negaron a seguir disparando, Hasina huyó a la India en helicóptero.
La sentencia de muerte en Bangladesh para la derrocada Sheikh Hasina reabre las heridas del levantamiento de 2024. (Foto reproducción de Internet) Una administración interina encabezada por el premio Nobel de la paz Muhammad Yunus intervino, prometiendo rendición de cuentas, instituciones más limpias y un clima más predecible para los negocios.
Fallo en Bangladesh resalta los riesgos del poder centralizado El tribunal especial que juzgó a Hasina y a su ex ministro del Interior pasó más de un año examinando registros telefónicos, órdenes internas, datos hospitalarios y testimonios de testigos.
Los jueces concluyeron que la pareja ordenó y alentó el uso de fuerza letal en una escala que cumplía con la definición de crímenes contra la humanidad e impuso la pena máxima.
Hasina, juzgada en rebeldía, califica el tribunal de farsa y afirma que las nuevas autoridades carecen de legitimidad. Para los bangladesíes, el fallo es a la vez alivio y riesgo: alivio de que un líder poderoso finalmente tenga que rendir cuentas y riesgo de que la justicia pueda derivar en venganza.
Para los expatriados, los inversores y los gobiernos extranjeros, el caso es una advertencia sobre la rapidez con la que un Estado fuertemente centralizado puede volver sus fuerzas de seguridad contra sus propios ciudadanos cuando el poder se ve amenazado y lo difícil que es reconstruir la confianza, las instituciones y el Estado de derecho después.