La pelea judicial por los terrenos que rodean el aeropuerto Rafael Núñez volvió a encenderse. Y esta vez, EL TIEMPO conoció un documento que, según fuentes del proceso, podría marcar un punto de quietud en uno de los litigios de propiedad más complejos y prolongados de Cartagena. Los abogados Javier Pinedo y Eduardo del Río se presentaron ante el Tribunal Superior un incidente de desacato en el que acusan a la Fiscalía 20 Seccional de Cartagena de ignorar por segunda vez la orden de la Corte Suprema de Justicia de pronunciarse sobre el restablecimiento de los derechos en el proceso penal 247.749.
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La denuncia, que ya circula en los despachos judiciales de la ciudad y al que tuvo acceso este medio, sostiene que la Fiscalía incumplió el plazo fijado por la Sala Penal de la Corte Suprema el 4 de agosto de 2025que ordenaba emitir, en un plazo máximo de tres meses, una decisión de fondo sobre la posible restitución de los predios. Ese plazo venció el 10 de septiembre. Nada ocurrió.
Esta omisión, dicen los peticionarios, mantiene viva una crisis jurídica que lleva más de trece años sin resolverse y que hoy podría estar tomando un carácter de “Problema de orden público económico”, por el volumen de construcciones y ventas sobre terrenos que, según la Nación, siguen siendo bienes públicos.
La advertencia: “se está produciendo un daño irreversible”Según los abogados, cada día que pasa. sin una decisión de fondo aumenta el impacto patrimonial para compradores nacionales y extranjeros. En su escrito afirman que empresas constructoras siguen comercializando torres de apartamentos, valorados en 450 millones de pesosen un terreno cuyo dominio está siendo discutido por la Aerocivil y la Superintendencia de Notariado Desde hace más de doce años.
Estos son los predios del Aeropuerto en venta Foto:archivo particular
Uno de los casos citados es el de Laura Arias, una compradora que instaló una denuncia por estafa y una demanda civil para resolver la promesa de compraventa, argumentando que la incertidumbre jurídica sobre el predio hace imposible que la obra avance hacia una escritura legítima. Su situación, dicen los demandantes, “es apenas una muestra del riesgo patrimonial en el que millas de compradores podrían estar cayendo sin saberlo”.
Esta no es una alarma nueva. documentos oficiales, fallos judiciales desde hace más de 10 años advierten sobre presuntas irregularidades en la tradición de esos terrenos. Pero nunca, dicen los peticionarios, se había llegado a un escenario en el que el máximo tribunal penal del país ordenara pronunciarse con un plazo definido… y la Fiscalía, aun así, guardara silencio.
Una Fiscalía en la miraEl incidente de desacato no solo pide que se exija a la fiscal del caso emita una decisión antes del 31 de diciembre de 2025. Va más allá: los peticionarios insisten en que la verdadera responsabilidad recae sobre la Fiscalía General como institución, por mantener en un limbo un proceso que califican de “connotación nacional”desde 2013.
Los peticionarios insisten en que la verdadera responsabilidad recae sobre la Fiscalía General. Foto:Foto: Jesús Blanquicet
La argumentación sostiene que la mora judicial de más de una década ha permitido que proyectos inmobiliarios prosperen sobre terrenos cuya propiedad está judicialmente cuestionada, lo que “burla los derechos de las víctimas” y compromete la credibilidad del Estado en la defensa del patrimonio público.
El Tribunal Superior, según el documento, ya había advertido que la falta de actuación de la Fiscalía vulneraba los derechos fundamentales de las víctimas: debido proceso, acceso a la justicia y reparación. Ahora, lo que se discute es si ese incumplimiento se convierte en una conducta de desacato sancionable bajo el Decreto 2591 de 1991.
Lo que está en juego: urbanizaciones, compradores y un litigio que no cierraEl proceso penal 247.749 no es cualquier expediente. Investigar un presunto fraude masivo en la venta de predios que, según la Nación, hacen parte del entorno del Aeropuerto Rafael Núñez. Desde 2012, la Aerocivil ha solicitado la recuperación de esos terrenos, al considerar que fueron transferidos irregularmente.
Pero mientras la disputa avanza en los estratos, en la vida real han aparecido condominios, lobbies de ventas, plataformas inmobiliarias promocionando unidadesy compradores que adquirieron —muchas veces sin saberlo— un bien cuya titularidad está en duda.
Para agravar el panorama, los abogados aseguran que se está configurando un “Daño irreversible”: cada nueva venta, cada torre que se levanta, cada peso invertido por un comprador de buena fe aumenta el costo económico y jurídico de un eventual fallo que obliga a restituir los terrenos a la Nación.
El giro más reciente: medidas cautelares por riesgo jurídico un proyecto de viviendaAdemás del incidente de desacato, los documentos anexos revelan un frente paralelo: compradores solicitando medidas cautelares contra constructoras, argumentando que ocultaron la existencia del litigio judicial y que no información sobre las limitaciones derivadas de reclamaciones de la Aerocivil.
Constructoras habrían ocultado la existencia del litigio judicial. Foto:distrito de cartagena
Las peticiones incluyen la suspensión de pagos de cuotasla prohibición de enajenar apartamentos en venta, y la obligación de informar públicamente en portales, oficinas y publicidad que el proyecto se encuentra sobre terrenos. objeto de disputa judicial.
Esta línea del proceso abre una nueva dimensión: no solo se trata de una disputa entre la Nación y particulares, sino de un posible caso de protección al consumidor que podría escalar por la vía civil y administrativa.
lo que vieneEl Tribunal Superior deberá evaluar si abre formalmente el incidente de desacato. Si esto ocurre, el fiscal del caso podría ser llamado a explicar por qué no ha dado cumplimiento a la orden de la Corte Suprema. Y, más importante aún, la Fiscalía General podría enfrentar un escrutinio mayor por la mora en un caso de alto impacto urbanístico, económico y social.
Para compradores, constructores, la Aerocivil y la propia ciudad de Cartagena, la decisión que está por tomar no es menor: podría marcar el futuro jurídico de uno de los frentes de expansión inmobiliaria más codiciados y polémicos de la ciudad.
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Por ahora, lo único claro es que el litigio, lejos de cerrarse, entra en su capítulo más tenso.
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