PRONUNCIAMIENTO. Industriales de todo el país alertaron al Gobierno la necesidad de frenar el proceso de “desindustrialización” arrastrado por dos décadas y generado por una “competencia desigual y desleal de las empresas públicas”, que derivó en una proyección de crecimiento negativo para 2025. Presentaron un plan anticrisis basado en cuatro leyes. El Consejo Nacional de Presidentes y Gerentes de las Cámaras de Industrias de Bolivia tras un análisis de dos días desarrollados en Santa Cruz, advierten que el país atraviesa un proceso complejo de “desindustrialización” arrastrado por dos décadas de competencia desleal de empresas públicas que derivó en una proyección de crecimiento negativo para 2025.
En ese marco, anticipamos que este escenario hace proyectar un decrecimiento del sector industrial de -1% para esta gestión, por lo que urge revertir esta tendencia con políticas públicas que fomenten y promuevan la competitividad en el mercado.
Por ello, presentarán al Gobierno de Rodrigo Paz una propuesta de reactivación económica respaldada en cuatro proyectos de leyes, destinados a reactivar la economía desde el ámbito productivo. Incluyen iniciativas sobre inversiones, lucha contra el contrabando, falsificación de productos y la tipificación penal de los bloqueos, que han convertido al país en un “país tranca”.
A su vez, advierten que el país atraviesa un escenario complejo y que la coordinación público-privada es clave para reconstruir la confianza. En esa línea, piden revertir esa tendencia mediante políticas que impulsan la competitividad y la estabilidad normativa.
La declaración de la CNI, leída por el presidente de la entidad Gonzalo Morales, enfatiza la necesidad de liberar las exportaciones, al afirmar que las restricciones vigentes “asfixian nuestra capacidad productiva”, menciona el pronunciamiento. Además, resalta que la industrialización del litio debe convertirse en una cadena de valor completa que genere tecnología, empleo calificado y divisas.
T también solicitan una revisión integral de la Ley General del Trabajo, el Código Tributario, la Ley General de Aduanas y la normativa de conciliación y arbitraje. Asimismo, plantea la abrogación de la Ley 1055 de Empresas Sociales y de la Ley 1670 de Diferimiento de Créditos, para entender que generan incertidumbre jurídica y desincentivan la inversión.
Finalmente, los empresarios reafirmaron su compromiso de colaboración para fortalecer el Estado, la libertad económica y el respeto a la propiedad privada. “Estos pilares son esenciales para promover la inversión, la competitividad y la generación de empleo formal, reafirmando nuestra esperanza en una nueva etapa de estabilidad, crecimiento y bienestar para Bolivia”, señala Morales.