ARRAIGO. La Ley N° 1352 dispone que las autoridades salientes deben quedarse en el país al menos tres meses después de dejar la carga. La norma abarca al presidente, vicepresidente, ministros y máximas autoridades de empresas e instituciones públicas. El arraigo a exfuncionarios del Gobierno saliente ya va tomando vigencia, de acuerdo con la ley. La Interpol reveló este martes que la Contraloría General del Estado ya ha remitido una nómina respectiva a la Dirección de Migración, mientras que en la Policía se ha instrumentado el control respectivo en puntos fronterizos.
En ese contexto, la lista de exautoridades fue enviada por dicha instancia para el arraigo de colaboradores del exmandatario, y Migración instó al refuerzo de vigilancia en al menos 31 puntos fronterizos del país.
La Ley N° 1352 dispone que las autoridades salientes deben quedarse en el país al menos tres meses después de dejar la carga. La norma abarca al presidente, vicepresidente, ministros y máximas autoridades de empresas e instituciones públicas.
El director de Interpol, coronel Juan Carlos Bazoalto, indicó que la mañana de este martes la Contraloría habría enviado al servicio de Migración la nómina de personas alcanzadas por el arraigo.
“Se está realizando el análisis y, con seguridad, una vez que esté en el sistema todo nuestro personal policial va a actuar de acuerdo procedimiento”, explicó.
Bazoalto también informó que el lunes en la instancia policial se ha emitido una circular a nivel nacional para realizar el control migratorio en los 31 puestos fronterizos, de acuerdo con la normativa.
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, indicó al mediodía de este martes que no había recibido informes de Migración respecto a alguna salida del país de Luis Arce u otros exfuncionarios.
Arce dejó las funciones públicas y un país sumido en una crisis caracterizada por la falta de carburantes, la escasez de dólares y la alza de los precios en la canasta familiar.
Antes de culminar su mandato, el jefe de Estado, al igual que algunos de sus exministros afirmaron que no saldrían del país, tras dejar la función pública.