El gobierno de Argentina ha declarado y extendido una emergencia agrícola en las principales zonas agrícolas de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Río Negro luego de un clima severo que ha dañado los cultivos y la producción ganadera.
Las medidas, anunciadas por el Ministerio de Economía y publicadas en el Gaceta Oficial El miércoles, tienen como objetivo apoyar a los productores afectados por granizadas, inundaciones y sequías.
En el noreste de la provincia de Entre Ríos, el distrito de Mandisoví –parte del departamento de Federación, cerca de la frontera con Uruguay– fue declarado en estado de emergencia después de que los productores de cítricos informaran pérdidas importantes por granizo y fuertes vientos. La declaración cubre un período de mayo de 2025 a mayo de 2026.
Más al sur, en la provincia de Buenos Aires, la Resolución 1776/2025 extiende una emergencia agrícola de septiembre de 2025 a febrero de 2026. La medida se aplica a las explotaciones agrícolas afectadas por las inundaciones en las zonas rurales que rodean las localidades de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, parte del cinturón productor de granos central de la provincia.
En la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia, se prolongó el estado de emergencia desde junio de 2025 hasta mayo de 2026 para las explotaciones ganaderas que padecían una sequía prolongada en varios departamentos, incluidos Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y 9 de Julio. También se amplió la cobertura para incluir áreas adicionales afectadas por la sequía como Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo. En todas las regiones afectadas, mayo de 2026 se ha fijado como final del ciclo de producción correspondiente.
Los agricultores que soliciten ayuda financiera en virtud de la Ley de Emergencias y Desastres Agrícolas (Ley 26.509) deben presentar un certificado emitido por las autoridades provinciales que confirme que sus tierras se encuentran dentro de las zonas de emergencia designadas. Luego, los gobiernos provinciales deben presentar listas de productores afectados a la Comisión Nacional para Emergencias y Desastres Agrícolas, que coordina la ayuda federal.
Los bancos públicos y semipúblicos, así como la Agencia Nacional de Control de Ingresos y Aduanas (ARCA), han recibido instrucciones de garantizar que los productores elegibles reciban beneficios fiscales y crediticios.
El Ministerio de Economía también autorizó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a firmar acuerdos e implementar medidas para poner en vigencia el plan de ayuda de emergencia.
– TIEMPOS/NA
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