La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debate este viernes el informe final sobre las denuncias constitucionales presentadas contra el exmandatario pedrocastillo por el Caso Golpe de Estado. El documento incluye a su ex jefa del Gabinete Ministerial, Betsy Chávezquien se encuentra asilada en la Embajada de México.
Según la propuesta de informe final, al que accedió El Comerciose propone acusar a Castillo Terrones por 18 infracciones a la Constitución Política del Perú por su mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022. En consecuencia, se propone también imponerle una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por hasta diez años.
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Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.
Sigue aquí el debate:En el documento, se determina que “no existen elementos de prueba que sustenten la afirmación de que el denunciado no era consciente del contenido del mensaje que leyó”. Además, que la magnitud de los hechos cometidos y sus “potenciales consecuencias” ameritan la máxima sanción.
“En el presente caso, la magnitud de los hechos cometidos y las potenciales consecuencias de si las conductas del denunciado habrían tenido éxito, obligan al presente informe a recomendar la imposición de la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez (10) años, como la sanción máxima prevista en nuestro ordenamiento constitucional”sí preciso.
Además…
¿Qué dice el informe?
ACUSAR al denunciado José Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República de infringir los artículos 2 (incisos 11,12 e inciso 24, apartado f), 38,39,45, 51, 90,93,102, 104, inciso 1 del artículo 118, 134, inciso 1 del artículo 137, 138, 146, 150, 158, 201 y 206 de la Constitución, en mérito a las razones expuestas en el presente informe; y en consecuencia se propone se le imponga la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez (10) años, como la sanción máxima prevista en nuestro ordenamiento constitucional.
• ACUSAR a la denunciada Betssy Betzabet Chávez Chino, expresidenta del Consejo de Ministros de infringir los artículos 2 (incisos 11,12 e inciso 24, apartado f), 46,51,90,93,102,104,126,128,134, inciso 1 del artículo 137, 138, 146, 150, 158, 201 y 206 de la Constitución, en mérito a las razones expuestas en el presente informe; y en consecuencia se propone se le imponga la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez (10) años, como la sanción máxima prevista en nuestro ordenamiento constitucional.
• ACUSAR al denunciado Willy Huerta Oliva, exministro del interior de infringir los artículos 2 (incisos 11,12 e inciso 24,, inciso 1 del artículo 137, 138, 146, 150, 158, 159, 201 y 206 de la Constitución, en merito a las razones expuestas en el presente informe; y en consecuencia se propone se le imponga la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez (10) años, como la sanción máxima prevista en nuestro ordenamiento constitucional.
• ARCHIVAR las denuncias constitucionales en el caso del congresista Roberto Sánchez Palomino, toda vez que, según se ha especificado, el denunciado ha obtenido una resolución suprema que se pronuncia en cuanto a su no participación de los hechos investigados en las denuncias constitucionales.
En esa misma línea, el informe recomienda acusar por infracciones constitucionales y sancionar con igual inhabilitación a Betssy Chávez y al exministro del Interior, Willy Huerta.
No obstante, se plantea desestimar y archivar las denuncias en contra del exministro y actual congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú–VP–BM). Esto —según se indica en el mismo informe— debido a una resolución de la Corte Suprema a su favor en el caso penal.
El informe final fue elaborado por la congresista de Somos Perú, Ana Zegarra. Ya en el informe de determinación de hechos —en la etapa previa— la legisladora ponente había planteado dejar fuera del proceso político a Sánchez, algo que fue reformulado en el seno de la subcomisión.
Tras ello, el pasado 24 de octubre, siguiendo con el Reglamento del Congreso, se llevó a cabo la audiencia, en donde se convocó a todas las partes. Castillo participó de manera virtual desde el penal de Barbadillo e hizo una defensa política, al igual que el resto de los denunciados o sus abogados.
En aquella ocasión, los congresistas denunciantes Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País) incidieron en que se trataba de un deber constitucional y moral de que lo ocurrido no quede impune.
“Es un deber constitucional sancionar e investigar a los golpistas. (…) Estamos ante una evidente infracción a la Constitución”.
Alejandro Muñante (Renovación Popular)
“Tenemos un deber patriótico en la defensa de nuestra democracia, de nuestras instituciones, pero sobre todo tenemos un deber moral con las futuras generaciones de que esto no queda sin sanción”.
Alejandro Cavero (Avanza País)
El informe final será abordado este viernes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la legisladora Lady Camones, desde las 10:00 am. Al ser aprobado, este deberá pasar a la Comisión Permanente y, posteriormente, al pleno del Congreso.