El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas publicó su informe anual sobre el estado de las cárceles en la isla (Centro de Documentación de Prisiones Cubanas)Un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) expuso un patrón sistemático de tortura y violaciones de derechos humanos dentro del sistema penitenciario de Cuba, caracterizada por la opacidad y la impunidad estructural.
El estudio, que verificó 1.330 violaciones de derechos entre marzo de 2024 y el mismo mes de 2025, no solo reveló condiciones infrahumanas, sino también la aplicación de castigos y métodos de tortura física diseñados para infligir sufrimiento extremo a los reclusos.
El CDPC detalló las prácticas más crueles y frecuentes que las autoridades penitenciarias cubanas emplean contra los privados de libertad. Entre los métodos están la “cama turca”, una técnica de inmovilización en la que al lo forzan a permanecer en posición fetal durante días sin poder moverse.
“La bicicleta” obliga al detenido a caminar encorvado con las manos esposadas a la espalda, causando dolor y humillación. Mientras que esposas “shakiras” se trata del uso prolongado de estas cadenas para inmovilizar manos y pies simultáneamente, impidiendo que los reclusos realicen funciones básicas como comer o asearse por sí mismos.
Además de estas técnicas, el informe documentó encierros de hasta tres años en celdas de castigo, así como Casos de golpizas, humillaciones, abusos sexuales y violencia LGBTfóbica. Se señaló que, en contravención de las Reglas Mandela, los guardias utilizan a reclusos comunes como “agentes de violencia” contra los presos, especialmente los de conciencia.
Crisis humanitaria y negligenciaEl estudio identificó a 548 víctimas individuales y 244 denuncias colectivas, revelando una crisis humanitaria que afecta todos los aspectos de la vida en prisión.
Se documentaron 60 decesos bajo custodia estatal. 47 de estas muertes están vinculados a la falta de atención médica oportuna o problemas de salud mental, y siete son resultados de violencia física directa. La ONG denunció que en ninguna de estas muertes hubo una investigación independiente, consolidando un patrón de impunidad.
Además, se reportó desnutrición masiva, suministro de agua contaminada, hacinamiento que obliga a dormir en el suelo y filtraciones permanentes en la infraestructura.
La falta de atención médica es una constante, con la ausencia casi total de medicamentos básicos. Un caso extremo recogido en el informe relata que una reclusa tuvo que extraerse sus propias muelas del juicio sin anestesia ni instrumental adecuado ante la negativa de asistencia.
Los presos políticos, que suman al menos 329 de las víctimas identificadas, enfrentan niveles adicionales de aislamiento sistemático y restricciones arbitrarias a la comunicación con sus familiares y redes de apoyo.
Impunidad estructural El CDPC concluyó que la impunidad es estructural, ya que los mecanismos de supervisión son inherentemente defectuosos. La Fiscalía General de la República, que constitucionalmente debe velar por los derechos de los reclusos a través del Departamento de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios (CLEP), Carece de independencia para investigar abusos cometidos por el propio Estado.
La legislación cubana agrava el problema, pues consolida el control absoluto del Ministerio del Interior sobre las cárceles, eliminando garantías procesales y fomentando la discrecionalidad en la aplicación de sanciones. Los autores del informe advirtieron que la vigilancia estatal y el riesgo de represión sistemática provocaron un subregistro, por lo que las cifras presentadas son solo una muestra de una realidad carcelaria mucho más amplia y deliberadamente oculta.
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