Cecodap informó este martes que 1.405 niños, niñas y adolescentes han resultado afectados por los terremotos del 24 de junio, cifra que según la organización refleja el impacto que la emergencia continúa teniendo sobre la población infantil un mes después del desastre y evidencia otros desafíos relacionados con la protección de sus derechos.
La ONG dio a conocer los resultados de un monitoreo efectuado hasta el 23 de julio, en el que documentó casos de menores de edad heridos, fallecidos, desaparecidos y desplazados. El balance, explicó, fue elaborado ante la ausencia de estadísticas oficiales desagregadas por edades y busca ofrecer un panorama sobre las condiciones que enfrentan los niños y adolescentes afectados por la emergencia.
“Tras la fase inicial de búsqueda y rescate, la emergencia transita hacia una etapa donde se profundizan los riesgos de protección, la incertidumbre y las vulneraciones a sus derechos”, advierte.
Del total de casos verificados, 437 corresponden a menores de edad heridos, equivalente a 31,10%; 273 permanecen desaparecidos (19,43%); 233 fueron desplazados junto con sus familias hacia otros estados (16,58%), mientras que 221 fallecieron como consecuencia de los terremotos, lo que representa el 15,73% del total registrado.
El informe también revela que 494 niños, niñas y adolescentes se encuentran en las dos categorías de mayor gravedad: fallecidos y desaparecidos, cifra que representa el 35,16% de los casos documentados por la organización.
Entre los principales hallazgos, Cecodap señala que los niños de entre 0 y 11 años constituyen el grupo más afectado, al concentrar 709 casos, poco más de la mitad del total registrado.
En esa cifra figuran 100 integrantes de la liga de beisbol infantil Los Criollitos de La Guaira, con edades comprendidas entre 4 y 6 años; 31 menores de un año y 2 cuyas madres embarazadas fallecieron atrapadas entre los escombros. El monitoreo contabiliza asimismo 297 adolescentes de entre 12 y 17 años afectados por la emergencia.
La organización advirtió que la dimensión del impacto podría ser mayor debido a las limitaciones de la información disponible. De los 1.405 casos individualizados, 399 no especifican la edad de las víctimas, mientras que en 276 registros únicamente se identifica si se trata de un niño o un adolescente, sin otros datos que permitan caracterizar cada caso.
Persistir riesgos para la protección de la infanciaAdemás de cuantificar el impacto humano, Cecodap alertó sobre situaciones que continúan afectando a las familias en la etapa de recuperación.
El informe documentó 35 casos de niños y adolescentes que inicialmente fueron reportados como desaparecidos y posteriormente localizados sin vida, tanto entre los escombros como en la morgue provisional instalada en Los Silos, estado La Guaira.
También identificó casos de desinformación durante los trabajos de búsqueda, entre ellos identificaciones erróneas y la difusión de afiches con números telefónicos falsos o ajenos a los familiares, hechos que según la organización dificultaron la trazabilidad de los rescates y aumentaron la angustia de quienes buscaban a sus seres queridos.
A ello se suma que 130 de los 273 casos de desaparición incluyen fotografías y el lugar de residencia de los menores, pero carecen de información sobre su edad y los datos de identificación de sus cuidadores principales, omisión que de acuerdo con Cecodap dificulta los procesos de reunificación familiar.
El monitoreo también registró 32 casos de niños, niñas y adolescentes separados de sus familias bajo medidas institucionales o trasladados a entidades de atención en estados como Carabobo y Bolívar. Advirtió que cientos de menores de edad desplazados se enfrentan a la pérdida simultánea de sus hogares, sus comunidades, sus rutinas y, en muchos casos, de familiares cercanos.
Ante este panorama, Cecodap exhorta a fortalecer los mecanismos de protección para la infancia, mejorar los sistemas de registro e identificación de las personas afectadas y publicar información oficial desagregada que permita dimensionar con mayor precisión el impacto de la emergencia sobre niños, niñas y adolescentes.