El gobierno de Nicaragua decidió posponer para los primeros días de septiembre la aprobación parlamentaria de una reforma constitucional orientada a inhabilitar legalmente la participación de los partidos de oposición en los procesos electorales del país.
La medida, impulsada a solicitud del mandatario Daniel Ortega, ha generado una ola de condenas por parte de la comunidad internacional.
La copresidenta y primera dama nicaragüense, Rosario Murillo, confirmó este lunes a través de medios estatales el cambio en el cronograma legislativo, cuya votación estaba fijada inicialmente para los primeros días de agosto.
Según detalló la funcionaria, la comisión especial encargada elaborará el dictamen final una vez concluido un ciclo de consultas que contempla a la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sector empresarial y bancario, agrupaciones religiosas y comunidades indígenas, además de un intercambio informativo sólido con el cuerpo diplomático acreditado en el país.
El proyecto de ley busca aplicar un veto formal contra quienes el oficialismo califica de “vendepatrias” y “golpistas”, términos con los que la administración de Ortega se refiere de forma habitual a los dirigentes y movimientos de oposición.
Creciente rechazo y condena de la comunidad internacionalEl anuncio del aplazamiento no ha aplacado las advertencias internacionales: Estados Unidos aseguró que “no se quedará de brazos cruzados” ante el endurecimiento del régimen, mientras que la Unión Europea instó al gobierno nicaragüense a convocar a elecciones libres y transparentes conforme a los estándares democráticos internacionales, señalamientos que Managua tildó de “injerencistas e imperialistas”.
El aislamiento diplomático de Managua sumó un nuevo frente en la región tras las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien anunció la ruptura formal de relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto, afirmando que su administración no mantendrá vínculos con regímenes dictatoriales.
El entorno político nicaragüense se encuentra condicionado por la reforma constitucional aprobada hace año y medio, la cual extendió el mandato presidencial de cinco a seis años.
Tras esta modificación, los próximos cómics generales en los que Ortega —en el poder desde hace dos décadas— y Murillo buscarán revalidar el mandato absoluto que ejercen desde las protestas sociales de 2018 están previstos para noviembre de 2027.