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Monday, July 27, 2026
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    Venezolanos demandaron a dos aerolíneas por vuelos que los trasladaron desde EE UU al CECOT de El Salvador

    Tres ciudadanos venezolanos demandaron a las aerolíneas CSI Aviation y Global Crossing Airlines (GlobalX) por su participación en los vuelos que los trasladaron desde Estados Unidos hasta el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, donde denunciaron haber sido sometidos a torturas y otros abusos.

    La demanda colectiva fue presentada ante un tribunal federal en Washington DC y busca representar a más de 230 venezolanos expulsados ​​en marzo de 2025, de acuerdo con la información obtenida por The Guardian.

    Los deportados fueron enviados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por la administración del presidente de EE UU, Donald Trump, para acelerar expulsiones de presuntos miembros del Tren de Aragua.

    Los demandantes alegaron que las aerolíneas operaron los vuelos pese a cuestionamientos legales sobre el procedimiento y una orden judicial que pretendía frenarlosy, por tanto, les atribuyen violaciones de derechos civiles, privación ilegítima de libertad, negligencia y daño emocional.

    Según el escrito judicial, Una vez en el CECOT los venezolanos sufrieron malos tratos físicos y psicológicos. Regresaron a Venezuela meses después, como parte de un intercambio de prisioneros entre gobiernos, pero aseguran que las secuelas de la detención persisten.

    La demanda apunta también al presunto negocio detrás de las deportaciones. Los abogados de los demandantes sostienen que CSI Aviation y GlobalX mantenían contratos millonarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y obtuvieron ganancias por ejecutar estos vuelos.

    El caso quedó en manos del juez federal James Boasberg, quien ya ha examinado otras demandas vinculadas a estos traslados, y se suma a los litigios que cuestionan la legalidad de las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

    De prosperar la certificación como demanda colectiva, el proceso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de las empresas privadas que participan en operativos de deportación del gobierno estadounidense.