Perkins Rochaabogado y preso político, respondió a las declaraciones del canciller de Venezuela, Félix Plasencia, respecto a la orden de denunciar el Estatuto de Roma para retirar al país de la Corte Penal Internacional (CPI).
Rocha afirmó que la solicitud carece de sustento legal y de viabilidad bajo los parámetros del Derecho Internacional Público y de la Constitución. Por este motivo, el abogado sostuvo que ningún gobierno puede utilizar la renuncia a un tratado internacional para eludir responsabilidades penales.
Señaló que la orden emitida por Delcy Rodríguez carece de validez jurídica debido a la falta de legitimidad de origen y de desempeño en sus funciones actuales. Asimismo, explicó que las instituciones competentes no han subsanado los vacíos constitucionales ni ratificados nombramientos conforme a los preceptos legales del país.
“Entiendo que a la Sra. Delcy Rodríguez se le haya olvidado parte sustancial del Derecho, en virtud de las múltiples ocupaciones que se han abierto en torno a su ocupación temporal de administradora interina de una presidencia que de manera absoluta se ausentó; sin embargo, llama la atención que quien dice ser su Canciller y por ende, se presume goce de un poco más de conocimiento de Derecho Público Internacional, viabilice una petición de imposible ejecución”, indicó.
De este modo, fundamentó que los actos administrativos generados por autoridades de facto no surten efecto para desvincular al Estado venezolano de compromisos internacionales previamente suscritos.
Entiendo que a la Sra Delcy Rodríguez se le haya olvidado parte sustancial del Derecho, en virtud de las Múltiples ocupaciones que se han abierto en torno a su ocupación temporal de administradora interina de una presidencia que de manera absoluta se ausentó; sin embargo, llama… https://t.co/R6bZ7Y4fKm
– Perkins Rocha (@PerkinsRocha) 24 de julio de 2026 Prevalencia de los derechos humanos y el Estatuto de RomaEn consecuencia, Rocha puntualizó que el artículo 23 de la Constitución otorga jerarquía constitucional a los acuerdos sobre derechos humanos vigentes en el país. El abogado indicó que el principio de progresividad impide cualquier retroceso en la protección de los ciudadanoss frente a delitos graves.
“Resulta que no existe ningún resquicio legal, constitucional ni político que permita ni justifique en el derecho internacional que un gobierno (de facto como el presente e inclusivo legítimo)utilice la denuncia de un tratado para evadir su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos como los que han sido denunciados y cursan hoy ante el IPC contra Nicolás Maduro y su entorno”
Por otra parte, la postura del abogado reafirmó que las investigaciones abiertas en el tribunal con sede en La Haya mantienen su curso independiente de los pronunciamientos del Ejecutivo.
Rocha concluyó que la legislación interna obliga al Estado a garantizar la tutela efectiva y directa de los derechos. fundamentales de la población.