La ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio este miércoles un primer paso para salir de Bogotá. El Senado aprobó que el acto previsto para el próximo 7 de agosto se realice en el departamento del Cauca, aunque la decisión definitiva sobre el sitio exacto quedó pendiente tras la suspensión de la sesión por falta de cuórum.
La propuesta obtuvo el respaldo de 55 senadores, mientras que 32 legisladores votaron en contra. No obstante, la plenaria no alcanzó a resolver si la posesión se efectuará en una guarnición militar, alternativa planteada en reiteradas ocasiones por el mandatario electo y que será debatida nuevamente el próximo martes.
Antes de entrar en vigor, la iniciativa también deberá ser sometida a consideración de la Cámara de Representantes durante la próxima semana.
El eventual traslado de la ceremonia rompería con una tradición histórica. Desde la entrada en vigencia de la Constitución colombiana, los presidentes han asumido el cargo ante el Congreso en Bogotá. Aunque en los últimos años el acto protocolar se ha desarrollado en la Plaza de Bolívar, el juramento siempre ha tenido lugar en la capital y nunca en otro departamento del país.
La elección del Cauca responde al interés de llevar la investidura a una de las regiones con mayores problemas de orden público. Ese departamento concentra una fuerte presencia de grupos armados ilegales y en los últimos años ha sido escenario de constantes ataques contra la fuerza pública y la población civil, incluidos atentados con drones cargados de explosivos.
El uso de instalaciones militares sigue sin definirseUno de los principales puntos de discusión continúa siendo la posibilidad de celebrar la ceremonia en una instalación militar, propuesta impulsada por De la Espriella y que ha encontrado resistencia en el gobierno saliente.
El presidente Gustavo Petro recordó el pasado 12 de julio que hasta el último día de su mandato mantiene el control sobre las Fuerzas Militares.
En ese mensaje se asegura que es el “comandante supremo de las fuerzas militares” hasta el 7 de agosto y, por tanto, “los cuarteles militares y policiales” permanecerán bajo su autoridad mientras continúen en funciones.
Bajo ese argumento, el mandatario ordenó que “ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”,
El Congreso retomará la discusión la próxima semana para definir si la investidura se celebrará finalmente en el Cauca y resolverá el lugar donde se desarrollará una ceremonia que, de concretarse fuera de Bogotá, marcaría un hecho sin precedentes en la historia política reciente de Colombia.