El nuevo arancel de EEUU dirigido a Brasil entró en vigor este miércoles, mientras otros socios comerciales de Washington se preparan para una nueva ronda de gravámenes ante el vencimiento esta semana de las medidas arancelarias globales temporales impuestas por el presidente Donald Trump.
Cabe precisar que el arancel del 25% a Brasil llegó tras una investigación de Estados Unidos, que acusó al gigante latinoamericano de “prácticas comerciales desleales”.
Esta situación provocó el rechazo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que salió a confrontar en duros términos contra la medida arancelaria de EEUU, y prometió activar una ley de reciprocidad comercial en respuesta.
Brasil metió un cambio de frente Sin embargo, este martes Brasil puso paños fríos, y puso el foco en comenzar negociaciones con Trump. “La idea no es retaliar. (En un) ojo por ojo, lo que puede pasar es que los dos se queden ciegos”, señaló el vicepresidente, Geraldo Alckmin, en una conferencia de prensa.
El vicepresidente de Brasil señaló que “en lo que dependa de Brasil siempre habrá negociación”.
Alckmin indicó que “en lo que dependa de Brasil siempre habrá negociación”. La opinión del gobierno brasileño probablemente se relacione con críticas provenientes de sectores afectados por los aranceles, como los fabricantes de calzado y maquinaria. Los empresarios se opusieron a activar la ley de reciprocidad, aprobada por unanimidad en el Congreso en abril de 2025.
A su vez, el vicepresidente brasileño aseveró que “la medida es injusta y totalmente descabellada” dado que la balanza comercial registra un superávit a favor de EE.UU. La mayor economía latinoamericana también está entre varios países que podrían ser sujetos próximamente a aranceles del 12,5% por no imponer prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado, según el gobierno norteamericano.
La posición norteamericana La medida llega cuándo Donald Trump renueva su apuesta por utilizar los aranceles como herramienta de presión, lo que despierta temores de represalias y mayores tensiones comerciales a nivel global.
El nuevo gravamen del 25% a Brasil se debe a acusaciones de prácticas comerciales desleales por parte de Estados Unidos.
Crédito: The White House
Washington podría estar “utilizando a Brasil como ejemplo para enviar un mensaje más amplio sobre sus prioridades y su enfoque de negociación”, estima Valentina Sader, del centro de estudios Atlantic Council.
Si bien la Corte Suprema de Estados Unidos anuló muchos de los aranceles de Trump en febrero, Washington avanzó en la reconstrucción de su agenda comercial recurriendo a otros poderes. El hecho de que EEUU afirme que los aranceles a Brasil fuero impuestos porque el presidente Lula da Silva no negoció de buena fe, “refuerza la percepción de que la medida no se dirige únicamente a las prácticas comerciales de Brasil, sino que además tiene un componente político contra el propio Lula”, apuntó Sader.
Importancia electoral Es vital poner en contexto la tensión comercial entre Brasil y EEUU: faltan sólo tres meses para las elecciones presidenciales brasileñas, y los aranceles se perfilan como un importante punto de conflicto en la campaña que enfrenta a Lula con el senador Flávio Bolsonaro, hijo y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro.
En ese marco, la Cámara de Comercio Americana para Brasil advirtió recientemente que la medida de Washington afecta a más de u$s11.000 millones en exportaciones.
La medida arancelaria se da a tres meses de las elecciones presidenciales en Brasil y en un contexto de posibles nuevos gravámenes globales por parte de EEUU.
Con su propio calendario electoral, debido a que en pocos meses tendrán lugar las elecciones legislativas estadounidenses, Trump anunció el martes la imposición de nuevos aranceles del 100% sobre los medicamentos genéricos importados, que entrarán en vigor a partir de agosto de 2028, y cuya tasa pasará posteriormente al 200% en 2029.
Sin embargo, falta por llegar una ofensiva aún más amplia, ya que en junio las autoridades propusieron aranceles de entre el 10% y el 12,5% dirigidos a 60 socios comerciales por presuntos incumplimientos en la lucha contra el trabajo forzoso.