FRAUDE. En la elección anulada se gastaron más de $us 34 millones. Debido a la anulación, sus resultados no fueron aplicados ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Mientras tanto, el vocal electoral no fijó plazos para este proceso de articulación o para la presentación de una demanda.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, informó la mañana de ayer que iniciaron las gestiones interinstitucionales, para recuperar más de Bs 233 millones, que erogó el Estado boliviano para la realización de las Elecciones Generales del 2019, mismas que quedaron anuladas por denuncias de “fraude”.
“No es casual que en el año 2019 en Bolivia se hubiera llevado a cabo un fraude que, como señaló la Organización de Estados Americanos (OEA), implicó una manipulación informática, igual que en Venezuela”, observó el vocal en relación con las últimas revelaciones del gobierno de Donald Trump sobre Venezuela y la estrecha relación entre Morales y los gobernantes venezolanos.
En ese contexto, Goitia indicó que presentó cartas al Procurador General del Estado, Hugo León LaFaye, ya las comisiones de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con el fin de que trabajen de manera conjunta para impulsar la recuperación de esos recursos, que, a su criterio, representaron un perjuicio económico para el Estado.
“Hay que llevar a cabo el proceso contra aquellos sujetos que generan esta manipulación informática que ha sido comprobada por la Organización de Estados Americanos, porque la manipulación informática está identificada con varios actores y, especialmente, con alguna fuerza política”, explicó el vocal en conferencia de prensa.
La iniciativa de Goitia surgió después de que el gobierno de Estados Unidos desclasificó información que habla de fraude electoral electrónico en Venezuela. Recordó que en el caso de Bolivia, la OEA identificó manipulación informática en los cómics de 2019.
Según los documentos revelados en Estados Unidos, “funcionarios del gobierno de Venezuela desarrollaron un interés sostenido y, probablemente, alguna capacidad en los sistemas de votación electrónica, incluyendo la tecnología Smartmatic (empresa de votación que trabajó en Venezuela hasta que denunció manipulación en 2018)”.
En la elección anulada se gastaron más de $us 34 millones. Debido a la anulación, sus resultados no fueron aplicados ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Mientras tanto, el vocal electoral no fijó plazos para este proceso de articulación o para la presentación de una demanda, ya sea en la vía civil o penal.
Goitia demostró que los fondos que se logren recuperar bien pueden ser utilizados en la construcción del nuevo Padrón Electoral.
Sostuvo que con el “fraude”, las elecciones del 2019 “trajeron como resultado nada”, y fue necesario realizar un nuevo proceso electoral, hecho que implicó un gasto adicional de recursos públicos. En ese marco, indicó que la recuperación de Bs 233 millones permitiría financiar una parte importante de la renovación del padrón electoral.
En ese contexto, indicó que la recuperación de los Bs 233 millones permitiría financiar una parte importante de la renovación del padrón electoral. Goitia informó que las cartas ya fueron presentadas y expresó su expectativa de que en los próximos días se definirán los mecanismos para encarar el proceso de recuperación de los recursos.