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Thursday, July 23, 2026
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    Gobernadores quieren devolver competencias ajenas al Gobierno

    REGIONES. El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, indicó que en la reunión del 5 de agosto con el presidente Rodrigo Paz, no solo se planteará la redistribución de recursos, sino también la revisión de competencias. Mencionó como competencias ajenas el pago de prediales y bono de vacunación.

    El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, informó que, en la reunión prevista para el 5 de agosto con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz y los gobernadores, presentarán una justificación técnica para impulsar una redistribución de recursos y una revisión de las competencias que actualmente asumen las gobernaciones.

    “La explicación la vamos a sostener técnicamente en la reunión que tengamos con el presidente el 5 de agosto”, señaló Ayllón, al indicar que Chuquisaca defenderá una propuesta elaborada para fortalecer las autonomías departamentales.

    La autoridad sostuvo que, durante los últimos años, el nivel central trasladó responsabilidades que no corresponden a las gobernaciones.

    “Nos han cargado competencias de manera obligatoria”, afirmó, citando como ejemplo el pago del bono de vacunación, prediales, la Renta Dignidad y las libretas de bachiller, tareas que, según indicó, son competencias exclusivas y privativas del nivel central.

    A decir del gobernador chuquisaqueña, las gobernaciones y alcaldías asumen el 70% de las competencias, mientras que el Gobierno tiene el 30%.

    Para echar a andar el 50/50, Ayllón dijo que en el presupuesto del 2027 ya tienen que desaparecer las obligaciones con las que cargan las entidades territoriales autónomas, caso contrario se repetirá la historia de un Gobierno que quiere mantener concentrado el poder.

    Ayllón también señaló que sería buena la creación de un fondo compensativo para los departamentos con menor desarrollo económico, productivo y humano.

    La gobernadora de Tarija, María René Soruco, indicó que otra medida que puede dar un alivio a las regiones es la abrogación de la Ley 767 que tiene que ver con la devolución de los recursos del Fondo de Exploración de Hidrocarburos.