INVESTIGACIONES. El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la lista de personas convocadas no es definitiva y que podría ampliarse conforme avancen las investigaciones y se incorporan nuevos elementos.
El Gobierno inició una investigación sobre la construcción de la sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ubicada en el municipio de San Benito, Cochabamba, y convocó inicialmente a seis exautoridades para esclarecer las decisiones adoptadas entre 2013 y 2023 en torno a un proyecto que demandó una inversión superior a los Bs 500 millones y que nunca cumplió el objetivo para el que fue concebido.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la lista de personas convocadas no es definitiva y que podría ampliarse conforme avancen las investigaciones y se incorporan nuevos elementos.
«Son seis exautoridades que están siendo convocadas de manera inicial. Sin embargo, esta nómina no está cerrada, no es definitiva, se puede ampliar conforme vayan generándose los datos en la investigación», señaló de acuerdo con una nota de Erbol.
Según explicó la autoridad, la revisión comprende distintos hitos administrativos relacionados con el proyecto, desde la emisión del *Decreto Supremo 1545, en 2013, que autorizó la ejecución de la obra, pasando por las asignaciones presupuestarias realizadas entre 2013 y 2016, la entrega oficial de la infraestructura en 2018 y la asignación adicional de **Bs 2* millones para su mantenimiento en 2023.
En ese marco, García indicó que el expresidente *Evo Morales* deberá prestar declaración dentro de la investigación por haber suscrito el decreto que dio luz verde al financiamiento del proyecto. Asimismo, precisó que también serán analizadas las actuaciones de exautoridades de los ministerios de Obras Públicas y de Relaciones Exteriores que participaron en la planificación, ejecución y administración de la obra.
La autoridad sostuvo que una inspección técnica realizada por el Gobierno permitió establecer que los *Bs 504 millones* invertidos fueron destinados a una infraestructura que no llegó a cumplir el propósito para el cual fue construido.
«Se construyó con un propósito inexistente», afirmó García, al señalar que el Parlamento de Unasur nunca sesionó en esas instalaciones y que el complejo únicamente tuvo usos esporádicos desde su conclusión.
El edificio fue impulsado durante el período en que Bolivia ejercía un rol activo dentro del bloque regional. Sin embargo, la pérdida de protagonismo de Unasur y la salida de varios países miembros dejaron sin funcionamiento al organismo, por lo que la infraestructura permaneció sin el uso previsto.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, había anticipado anteriormente que se promoverían acciones legales para establecer responsabilidades por un presunto uso ineficiente de recursos públicos. Según la autoridad, el objetivo es determinar si existió daño económico al Estado y evitar que proyectos de gran inversión vuelvan a convertirse en los denominados «elefantes blancos».
ERBOL