La Asamblea Nacional de 2020 aprobó este martes en primera discusión dos proyectos de ley orientados a modificar el marco habitacional del país, en medio de la emergencia generada por los terremotos del 24 de junio, que dejaron millas de ciudadanos sin vivienda, según cifras oficiales.
Las iniciativas corresponden a la reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y al Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, ambas propuestas presentadas por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante.
Sobre la reforma inmobiliaria, Infante señaló que la iniciativa “tiene como objetivo principal promover la construcción de nuevas viviendas con un enfoque adaptado a los nuevos tiempos” y aseguró que busca garantizar seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado pueda iniciar un “proceso agresivo” de construcción de viviendas.
🏛️ Asamblea aprobada en primera discusión la reforma de la Ley de Arrendamientos
🏠 La Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, una iniciativa que busca… pic.twitter.com/Cr7eNu8wyc
– EVTV (@EVTVMiami) 14 de julio de 2026 El parlamentario indicó que la propuesta contempla modificar el esquema de precio rígido que “impide absorber las variaciones de los costos de materiales e insumos durante el tiempo de ejecución de las obras”, permitiendo acordar mecanismos de estabilización del saldo deudor según “las fluctuaciones reales del mercado”.
Añadió que la reforma estimular plantea el otorgamiento de créditos por parte de la banca pública y privada para impulsar proyectos habitacionales.
La Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, también aprobada en primera instancia por la AN, busca establecer nuevas reglas para propietarios e inquilinos, así como reactivar el mercado de alquileres.
Infante afirmó que la propuesta contempla “seguridad jurídica y equilibrio jurídico en función de que puedan desamarrar los nudos que tienen frenado este mercado de alquiler”. Indicó que la normativa “prohíbe formalmente arrendar en zonas de alto riesgo o estructuras precarias”.
El proyecto incluye mecanismos de mediación y arbitraje para resolver conflictos con mayor rapidez bajo un esquema de “desjudicialización y celeridad”, además de permitir que las partes acuerden “libremente” pagos e indexaciones en caso de prórrogas.
Las propuestas deberán avanzar ahora a una segunda discusión antes de una eventual aprobación definitiva. El debate ocurre luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que cerca de 25.000 viviendas serán necesarias para atender a las familias afectadas por los terremotos y anunció un censo para determinarlo con exactitud.