La Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia y expresó su rechazo a los avasallamientos registrados en predios productivos del departamento, al considerar que estos hechos vulneran la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y la convivencia pacífica. El sector exigió a las autoridades nacionales, departamentales y a la Policía actuar con celeridad para investigar los casos, ejecutar los desalojos pendientes y sancionar a los responsables conforme a la normativa vigente.
En la oportunidad, el secretario ejecutivo de la organización, David Alfonso Calderón manifestó la preocupación del sector por los recientes conflictos, particularmente en la propiedad Santa Rita, donde denunció que el predio permanece ocupado pese a la presencia de la familia propietaria. Afirmó que los trabajadores campesinos brindan respaldo a los afectados y cuestionó la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para frenar estos hechos.
Asimismo, otro de los dirigentes sostuvo que los avasallamientos y el tráfico de tierras son problemas que se arrastran desde hace más de dos décadas y aseguró que existen centenares de predios afectados en el país. En ese sentido, pidió la intervención de la Fiscalía, el Ministerio Público, la Gobernación y demás instituciones competentes para restituir los predios ocupados y garantizar la seguridad de los productores. Además, convocó a entidades del sector productivo y al Comité pro Santa Cruz a pronunciarse sobre esta problemática.
Por su parte, la propietaria de Santa Rita, Melisa Barba, denunció que el paso 3 de julio ingresaron alrededor de 160 personas al predio, varias de ellas presuntamente armadas, quienes, según afirmó, apuntaron con dispositivos láser a los trabajadores. Además, indicó que recibió información sobre nuevas amenazas en su contra y reiteró su pedido para que la Policía ejecutara los requerimientos fiscales y las órdenes de desalojo emitidas anteriormente.
Los dirigentes advirtieron que, si no existen respuestas inmediatas, el sector analizará la realización de movilizaciones y otras medidas de presión, al considerar que la inacción de las autoridades podría agravar el conflicto.