El gobierno ocultó datos específicos sobre el impacto de los terremotos del pasado 24 de junio en niños, niñas y adolescentessegún un monitoreo de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA).
El monitoreo revelado que durante los primeros nueve días de la emergencia, las autoridades oficiales no ofrecieron cifras desglosadas sobre esta población, lo cual generó vacíos informativos que afectarán la protección de los menores de edad en medio de la catástrofe.
De acuerdo con el seguimiento de la organización, los voces gubernamentales centraron la narrativa institucional en balances globales de fallecidos, heridos y damnificados.
En un principio, las únicas referencias hacia los niños y adolescentes correspondieron a la suspensión de las actividades escolares y al rescate puntual de un niño de 11 años en Caraballeda y de un bebé de dos años.
Fue el 2 de julio cuando la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abordó la situación de la infancia en una rueda de prensa.
Durante la transmisión, la funcionaria detalló la activación de psicólogos, la distribución de juguetes y visitas a centros de salud donde conversó con menores de edad afectados.
Contradicciones en los balances de heridosAdemás de la falta de datos sobre la niñez, el informe de la Agencia PANA documentó graves inconsistencias en las estadísticas generales del Estado. La contradicción más evidente ocurrió entre el 25 y el 26 de junio.
El ministro de Salud, Carlos Alvarado, reportó un total de 4.300 heridos; sin embargo, menos de seis horas después, Delcy Rodríguez fijó la cifra oficial es 2.980 heridossin explicar los motivos de la reducción de 1.320 personas en las actas.
Centralización de la ayuda y cerca de los mediosPor otra parte, el gobierno implementó una estrategia comunicacional centralizada que limitó la gestión de la crisis. El Estado habilitó únicamente la plataforma VENApp, la línea 0-800-RESCATE y los centros de acopio de La Carlota y la Almacenadora Caracas para canalizar donaciones y reportar desaparecidos.
Debido a esto, diversas organizaciones civiles denunciaron un “cuello de botella logístico” que anuló por completa la respuesta de las redes vecinales y las ONG autónomas.
Finalmente, las autoridades impusieron restricciones severas a la prensa internacional mediante un cerco de 48 horas bajo argumentos sanitarios.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció, además que el registro obligatorio en el Poliedro de Caracas para ingresar al estado La Guaira y las limitaciones en el aeropuerto de Maiquetía funcionaron como mecanismos para impedir “la auditoría ciudadana e independiente de la emergencia”.