El principal gremio del sector del comercio y los servicios, Consecomercio, se pronunció a favor de exigir a Reino Unido, Portugal y al FMI que liberen unos $10.000 millones en activos venezolanos retenidos en el exterior, para usarlos en la emergencia nacional dejada por los terremotos del 24 de junio.
“En cuanto a los fondos necesarios para dar respuesta a las necesidades de la población, el gremio se suma a las voces que solicitan el desbloqueo de fondos en el exterior, específicamente en Reino Unido, Portugal y los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI), que le corresponden al Estado venezolano, estimados en unos 10.000 millones de dólares”, dice Consecomercio en un comunicado oficial.
Estos fondos “podrían cubrir una parte importante de la reconstrucción nacional, que podría oscilar entre los 7.000 a 13.000 millones de dólares en infraestructuras, sin estimar los efectos sobre la economía y sobre el PIB”, dice en alusión a las cifras de pérdidas dejadas por los terremotos.
“Consecomercio, dada la emergencia, hace un llamado a desbloquear de manera inmediata esos fondos y propone que los recursos sean usados a través de un fideicomiso, con un objetivo único: la reconstrucción nacional con énfasis en las áreas de mayor afectación, atendiendo temas como viviendas, hospitales, vialidad, servicios públicos; incluso, pequeñas y medianas unidades económicas”, dice el comunicado.
Sumar dinero para la emergencia post sismosSegún el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), de acuerdo a cifras preliminares, los daños dejados por los violentos e inusuales sismos llegan a al menos $6.700 millones. Otra agencia de la ONU, la Oficina para Reducción de Riesgos Desastres, estima las pérdidas directas en $37.000 millones.
Los fondos a los que alude Consecomercio corresponden a reservas del Banco Central expresadas en 31 toneladas de oro, por valor hoy superior a $4.100 millones y que están depositadas en el Banco de Inglaterra.
También se refiere a Derechos Espaciales de Giro (DEG) la moneda contable del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gobierno de Nicolás Maduro primero y el de su vicepresidenta Delcy Rodríguez después, ha insistido ante instancias legales para pedir la liberación de las reservas en oro. También le pide al FMI ya EEUU que sean liberados esos DEG. El BCV incluye desde hace años esos recursos en las reservas internacionales totales del país, aunque no dispone de ellas.
En abril pasado el FMI -a instancias de Washington- votó a favor de reconocer el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Esto significa entre otras cosas que el país puede acceder a $4.900 millones en DEG, como socio del organismo multilateral.
Desde 2019 el FMI y Venezuela no mantenían ningún tipo de relaciones, en el contexto de las sanciones internacionales aplicadas en su momento por Estados Unidos y la Unión Europea, en manfiesta represalia a las violaciones a los derechos huanos y atentados contra la democracia por parte del chavismo en el poder.
El chavismo también mantiene un litigio en Portugal para recuperar 1.300 millones de euros en cuentas de nueve entidades públicas en Novo Banco.
Manejo de mercancías de mudan a CaraboboPor otra parte, Consecomercio señaló que el Puerto de La Guaira y el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, se han volcado de manera prioritaria a la atención, apoyo y rescate de vidas humanas, lo que inhabilita la actividad comercial de estos pivotes principales de la economía del estado La Guaira y soporte de la economía nacional, pues atienden a la región más poblada del país, la Capital.
En un reciente recorrido por La Guaira, el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, y el de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, junto a la directiva de ambas organizaciones, se reunieron con autoridades aduanales y lograron “definir los criterios de reconocimiento y desaduanización de mercancías”.
En el caso de la carga marítima, los documentos se consignarán ante la aduana principal de La Guaira, pero el reconocimiento físico de la mercancía se trasladará a la aduana de Puerto Cabello. Para la carga aérea, la documentación se tramitará en La Guaira y la verificación física se ejecutará en el aeropuerto de Valencia, señala la fuente.
Respuesta a los terremotosConsecomercio refirma que está garantizado plenamente en todo el país el suministro de bienes y servicios pese a los terremotos del 24 de junio.
El gremio y cámaras regionales y sectoriales de empresarios mantienen un trabajo articulado con el apoyo de representantes gubernamentales para atender la emergencia, señala.
También se han reunido y coordinado con organismos internacionales como Fundación TAAP, Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, CENACED; y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA; “con el objetivo de contribuir a canalizar cualquier inconveniente en el ingreso de donaciones y de la ayuda humanitaria dirigida a organizaciones no gubernamentales y gubernamentales en Venezuela”.
Annque todavía no existe un censo real de los comercios afectados por los terremotos, Consecomercio estima que más de 250 pequeños y medianos comercios en la Guaira se vieron afectados, bien sea por pérdida total o parcial.
Durante es Emergencia Nacional el trabajo se ha centrado en servir de soporte en el suministro de bienes y servicios desde las distintas regiones del país, y de la mano con la sociedad civil, ONG, empresa privada y organizaciones gubernamentales.
Esto ayudó a la movilización de toneladas de alimentos no perecederos, medicamentos, ropa, productos de higiene personal y maquinaria pesada desde todos los estados, especialmente, Zulia, Nueva Esparta, Lara, Yaracuy, Carabobo, Bolívar, Amazonas, Mérida, Táchira, Trujillo, Miranda y otros, hacia las zonas más impactadas.
También han trabajado en coordinación con la Cámara de Comercio de Caracas, con Caritas, con el Dividendo Voluntario para la Comunidad y Cruz Roja de Venezuela.
Proponer créditos preferencialesConsecomercio también presentó un anteproyecto de “Ley para la Atención a Damnificados y Reconstrucción nacional -Ley Fuerza Venezuela” inspirados en los acontecimientos vividos en México en 2017.
El proyecto de Ley plantea la asignación de una cartera especial de créditos, con tasas y tiempos de pagos preferenciales para el sector comercial y poder contribuir en la reconstrucción del tejido comercial empresarial y en la generación de empleo.
También solicita alivio fiscal, “como una medida temporal que permita la recuperación integral, reconociendo que será un proceso largo, arduo y laborioso”.
Los comerciantes también recomiendan la formación de un gabinete de alianza pública privada, “que sirva como un gran ente articulador y de coordinación en la planificación, gestión y seguimiento de políticas públicas y en la puesta en marcha de la reconstrucción”.