El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la extradición a Chile del ciudadano venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, señalado como uno de los fundadores y principales cabecillas de la organización delictiva transnacional conocida como el Tren de Aragua.
La medida responde a una solicitud de las autoridades judiciales chilenas para que el procesamiento comparezca ante los tribunales de ese país por los cargos de asociación ilícita y dos casos de secuestro consumado.
Álvarez Núñez, de 49 años de edad y originario de Maracay, estado Aragua, fue capturado por la Policía Nacional de Colombia el 1 de julio de 2024 en el municipio de Circasia, departamento del Quindío.
Según publicó EFE, al momento de su detención, el investigado poseía notificaciones rojas de Interpol y utilizaba una identidad falsa bajo el nombre de Víctor Miguel Moreno Álvarez con el fin de evadir los controles migratorios y policiales.
Desde entonces, ha permanecido recluido en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá ‘La Picota’.
La resolución de extradición emitida por el gobierno colombiano establece parámetros específicos fundamentados en su legislación interna para hacer efectiva la entrega del detenido.
Garantías fundamentales: Chile debe asegurar que el procesado no será sometido a desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a sanciones de destierro, confiscación de bienes o cadena perpetua.
Principio de especialidad: El ciudadano no podrá ser juzgado por delitos diferentes a los consignados en la solicitud formal de extradición ni transferido a la jurisdicción de un tercer Estado sin el consentimiento previo de Colombia, bajo las normas del tratado bilateral vigente.
De acuerdo con los registros de las agencias de seguridad de la región, alias Larry Changa constituyó el Tren de Aragua en la prisión venezolana de Tocorón junto a Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, y Johan José Romero, alias Johan Petrica.
La estructura expandió sus operaciones hacia distintos países de América Latina y Europa.
En el ámbito internacional, la organización fue clasificada en febrero de 2025 como una organización terrorista extranjera por el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, activando mecanismos de bloqueo financiero y persecución judicial contra sus miembros.
En el territorio colombiano, Álvarez Núñez mantiene de forma paralela un expediente judicial abierto por cargos vinculados al narcotráfico, lo que ha generado el decomiso y la incautación preventiva de diversas propiedades y activos.
Previo a la firma de su orden de extradición, el detenido intentó acogerse a los mecanismos de negociación con el Estado colombiano dentro de los marcos de la política estatal denominados “paz total”, una iniciativa jurídica que no prosperó ante las instancias gubernamentales.