explicativo
Se realizó en Cali el Encuentro Regional Conmemorativo de los 10 años del Acuerdo de Paz. Tuvo lugar en la Biblioteca Jorge Garcés Borrero.
Momentos de la firma del acuerdo de paz en 2016. Acto en Caquetá hace 10 años. Foto: Carlos Ortega/Archivo EL TIEMPO
PERIODISTA02.07.2026 14:20 Actualizado: 02.07.2026 15:08
Ya son 10 años del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
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Fue el 24 de noviembre de 2016, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el acuerdo y estrecharon sus manos ante 750 invitados para poner fin a décadas de guerra con desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos. Lo hicieron en el teatro Colón de Bogotá.
Firma del Acuerdo de Paz con las Farc, gestada por el expresidente Juan Manuel Santos. Foto:CARLOS ORTEGA
La negociación constaba de 190 ajustes del texto, entre modificaciones y precisiones pedidas por quienes votaron ‘No’ en el plebiscito.
Pero más allá del fin de una confrontación armada entre la exguerilla y el Estado Colombiano, se esperaba que el acuerdo pudiera transformar causas estructurales con participación ciudadana, dignificando a las víctimas, así como promoviendo el desarrollo de los territorios más afectados por la violencia y avanzar en la reconciliación y la construcción de una sociedad más incluyente, reconciliada y comprometida con la no repetición.
Un informe publicado por EL TIEMPO, el 29 de noviembre del año pasado, señalaba una destino presupuestal de 201 billones de pesos constantes para los 15 años de su vigencia desde 2017. Pero la Contraloría advirtió que se habían invertido 107 billones, equivalentes al 53% del presupuesto total.
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En la actualidad hay profundas fracturas que reflejan un país polarizado. Las diferencias políticas, sociales y territoriales son tan evidentes que una prueba de ello fue la división tan marcada tras la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales. Colombia quedó configurada entre fuerzas, en medio de la necesidad de conjurar la violencia y la inseguridad de todo el país.
Esta situación revalida la importancia y la pertinencia del equilibrio sobre lo logrado con respecto del acuerdo de 2016, las lecciones aprendidas y los retos para afrontar como sociedad y Estado; la superación de esas problemáticas, los factores que las nutren; desafíos que exigen renovar los compromisos de la sociedad y del Estado para consolidar los avances y proyectar una nueva fase.
El Encuentro Regional Conmemorativo de los 10 años del Acuerdo de Paz. Foto:Instituto de Paz de la Universidad del Valle
El Encuentro Regional Conmemorativo de los 10 años del acuerdo de pazAsí lo señalaron miembros de diversas entidades y organismos de los sectores público y privado en Cali y el Valle del Cauca en el Encuentro Regional Conmemorativo de los 10 años del Acuerdo de Paz, en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Se llevó a cabo en la capital vallecaucana.
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El evento hizo parte de una serie de iniciativas regionales que complementan la conmemoración que realizará la Contraloría General de la República con una amplia alianza de organizaciones e instituciones nacionales en el Encuentro Nacional e Internacional ’10 años del Acuerdo de Paz: entre la firma y la realidad’, en Bogotá en este mismo mes.
Estos espacios buscan establecer equilibrios y reflexionar sobre los aprendizajes sociales e institucionales alcanzados y hacer recomendaciones que contribuyan a la formulación y ejecución de políticas públicas para la consolidación de la paz en los próximos años, señalaron los promotores.
El Encuentro Regional Conmemorativo de los 10 años del Acuerdo de Paz. Foto:Instituto de Paz de la Universidad del Valle
Uno de los analistas participantes fue el director del Instituto de Paz de la Universidad del Valle, el docente Adolfo Álvarez, quien explicó un panorama sobre el acuerdo después de esa firma en 2016, pero también sobre la situación actual por los grupos armados 10 años después, enfatizando en que existe una diferencia entre ambos momentos.
“Este evento se hizo en el marco de una convocatoria de la Contraloría General de la República para hacer balance de estos 10 años del acuerdo que terminará en un gran evento nacional el 14, 15 y 16 de julio”, dijo el profesor Álvarez.
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“En el caso del Valle del Cauca fue importante el equilibrio. El Valle del Cauca no fue priorizado en el acuerdo suficientemente. Solo hubo tres municipios fueron Pradera, Florida y Buenaventura”, agregó.
“Pero el conflicto había afectado a muchos otros municipios. En el centro, Buga, Tuluá, en el norte del Valle de manera distinta, Dagua. Cali recibió todos los impactos del desplazamiento. También Jamundí. Pero ninguno de estos municipios fue priorizado”, agregó el docente.
El Encuentro Regional Conmemorativo de los 10 años del Acuerdo de Paz. Foto:Instituto de Paz de la Universidad del Valle
Dijo que en el Valle tampoco hubo una zona veredal de capacitación, es decir, donde se concentraron los excombatientes. “Hubo en el Cauca, en Miranda, cerca de Suárez también. En el Valle no hubo en ningún municipio. No obstante, al Valle terminaron llegando por distintos motivos, entre otras cosas por los ataques, amenazas a excombatientes. Llegaron y hay una población cercana a 400, 400 excombatientes en distintos municipios. Pero el Valle, digamos en términos de equilibrio, el Valle fue construyendo una infraestructura institucional. A nivel del departamento se hicieron distintas adecuaciones importantes desde la creación de la Secretaría de Paz y Reconciliación”, expresó el profesor Álvarez.
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“También se fueron articulando áreas de la Administración en algunos puntos o temas que tenían que ver con el acuerdo. Y eso el Valle lo hizo, como casi que un ejemplo pionero de desarrollo. Obviamente también en el Valle hubo un ciclo político con el acuerdo, desde una primera fase de mucho apoyo en el primer gobierno de la gobernadora, Dilian Francisca Toro”, manifestó.
También dijo que luego se mantuvo el acuerdo, pero la intensidad fue variando. “Y en este periodo de la gobernadora Dilian Francisca Toro se mantiene el apoyo a la paz, está en el Plan de Desarrollo, pero la jerarquía ha cambiado y hay un tema central, fuera de esta adecuación institucional, es el tema de los recursos, que son difíciles de rastrear porque están las acciones que tienen que ver con el acuerdo y la construcción de paz están dispersas en distintas áreas”, aseveró.
Señaló que durante este encuentro regional se resaltarán temas de gobernanza y coordinación interinstitucional. Se habló de proyectos y de obras por impuestos, en el cual ha participado el sector empresarial que concertan las comunidades y los gobiernos territoriales.
El investigador explicó que en el municipio de Pradera se han logrado obras por impuestos y otras iniciativas. Destacó el deseo de la transformación de territorio. Con respecto a la reincorporación, debido a que el Valle no tuvo una zona veredal, muchos de los excombatientes están en Cali, en Palmira, en Buga y en otros municipios. Han realizado proyectos productivos, con participación de mujeres y hombres. Las víctimas y campesinos cooperan en estas apuestas sociales.
El analista político Diego Arias. sostuvo: “A mí me parece que es un gran logro llegar a los 10 años del acuerdo de paz. Por supuesto allí hay mucho que aprender, allí hay mucho que celebrar también, porque se trata de logros y también hay mucho que ajustar y soñar a futuro. No ha sido una implementación perfecta, ha habido dificultades en la articulación interinstitucional, ha sido crítica el hecho de que antiguos territorios ocupados por las antiguas Farc no hubiera sido el Estado el que rápidamente hubiera llegado allí para tener una presencia con oferta de servicios, pero también con la presencia de la Fuerza Pública, del Estado, de los militares y de la Policía, de la administración de justicia”.
Anotó: “Tal vez ese es un tema crítico de la implementación del acuerdo de paz, el fracaso institucional en ocupar los territorios que antiguamente la guerrilla de las Farc tenía control y que hoy están en manos de disidencias y de grupos criminales de distinto tipo”.
“Este acuerdo de paz navega en medio en muchos momentos de incomprensiones, de estigmatizaciones. Se cree que fue un acuerdo de paz básicamente para beneficiar a los antiguos excombatientes y la verdad es que si algo era esencial de este acuerdo de paz era el esfuerzo por transformar los territorios y las realidades de las comunidades que habitaban en esos sitios donde se aposentó la violencia durante mucho tiempo pero donde también ha estado la exclusión, la pobreza, la desigualdad”.
Afirmó: “Hay que anotar también que los firmantes del acuerdo de paz han cumplido. Las disidencias son una expresión muy distinta que no desdice del compromiso de los firmantes del acuerdo de paz para honrar ese tratado de paz del 2016”.
Considera que “hay múltiples experiencias de procesos organizativos, comunitarios, de liderazgos políticos, de participación que han enriquecido la vida democrática de este país. No obstante un saldo, por ejemplo, en el Valle del Cauca de 32 o 33 antiguos miembros de las Farc han sido asesinados y constituyen un lugar crítico de la implementación del acuerdo de paz, las garantías y la protección a la vida e integridad de los firmantes del acuerdo de paz y de sus familias”.
Expresó sobre los departamentos del suroccidente colombianos: “El Valle, Cauca y Nariño constituyen tal vez uno de los lugares más críticos de la disputa de grupos de disidencias de las Farc con presencia en algunos casos del Eln en el control del territorio vinculados a economías ilegales, especialmente de narcotráfico y por supuesto, de minería ilegal”.
Dijo, además: “Si alguna prioridad va de la mano con un propósito de implementación del acuerdo de paz y con las nuevas realidades de un nuevo gobierno va a ser la recuperación del control territorial, pero también un control territorial no solamente por el esfuerzo y la capacidad militar de ocupar el territorio sino para producir grandes transformaciones territoriales que en el caso del acuerdo de paz están planteadas en términos de los programas de desarrollo con enfoque territorial. En el caso del Valle tenemos Pradera, Florida y Buenaventura y que han tenido avances pero también muchas dificultades para ser implementadas no logran todavía en medio de estas circunstancias de violencia de descoordinación interinstitucional, muchas veces de falta de voluntad política, esos esfuerzos no logran transformar las realidades sociales económicas de estos territorios antiguamente y hoy todavía afectados por la violencia”.Espera que durante el nuevo Gobierno se pueda continuar la implementación del acuerdo de paz y la arquitectura institucional que surgió de ella, como por ejemplo la JEP.
Opinó que un logro importante fue la disminución de la violencia, del conflicto ar mado, “porque lo fue, 14.000 hombres y mujeres o tal vez un poco más dejaron las armas e hicieron tránsito hacia la legalidad”. Dijo, a su vez: “Se esperaría que este gobierno sea un gobierno capaz de mantener el cumplimiento del acuerdo de paz, de su implementación, entre otras cosas porque es también un tratado que está en el orden de lo constitucional, hace parte del bloque de la Constitución del 91, es un instrumento que ha sido depositado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además, también hay obligaciones internacionales derivadas de la implementación del acuerdo de paz, de manera que ojalá haya muy buena voluntad, una disposición positiva del nuevo gobierno para, por supuesto, hacer ajustes, pero en general, para mantener la idea de implementar y cumplir con el acuerdo de paz de 2016. Ese es un hecho importante que ojalá, sobre el cual muy pronto el próximo gobierno del doctor Abelardo De la Espriella pueda darle buenas noticias al país”.
El panorama actual del conflicto armado: ‘Es diferente del conflicto de hace una década’EL TIEMPO al consultar al director de Paz de la Universidad del Valle sobre por qué continúa el conflicto armado, teniendo en cuenta que han transcurrido 10 años desde el acuerdo de paz con las extintas Farc explicó: “Realmente lo que hoy tenemos no es el mismo conflicto, los actores han cambiado profundamente. Ya no hay un actor que reivindique la gran transformación del Estado y de sus estructuras. Son actores básicamente dominados por las economías y centrados en el control del territorio por las economías ilegales.ya no es solo la coca. La minería ilegal ha cobrado una relevancia mucho más importante, la extorsión. No es el mismo conflicto armado y de alguna manera el acuerdo ayudó a transformar ese primer conflicto. Hoy estamos en una fase distinta y obviamente, seguramente parte es el tema de la droga que es muy complejo porque no solamente tiene que ver con un tema de sustitución, sino con un tema mucho más global y eso plantea un reto muy grande a cualquier gobierno”.
También tiene expectativas sobre cómo va a lograr transitar para transformar ese contexto.
“Esto es un reto de gobernanza, que fue lo que planteamos en el evento, es decir, hay un gran reto de gobernanza, que quiere decir una articulación positiva, constructiva y de diálogo entre los actores y en eso quedamos a mitad de camino y en buena parte tiene que ver también con la voluntad y el liderazgo político de los tres gobiernos, tanto el de Santos que decimos dio el impulso inicial pero le faltaron cosas; el de Duque que puso freno y el de Petro que cambió las prioridades porque se dedicó a la paz total y en algún momento Llegó a decir que el acuerdo no se podía cumplir, aunque realmente hubo un punto en el que se avanzó mucho que es el que tiene que ver con el tema de la reforma rural integral. El desarrollo del acuerdo tenía que ver con el cumplimiento de dos actores centrales, el Estado y el gobierno respectivo, y la fuerza insurgente que hizo dejación de armas y la incorporación de las instituciones”, explicó el director del Instituto de Paz de la Universidad del Valle.
También puntualizó: “Hay un tema que poco se ha discutido, qué pasó con esa fuerza porque unos sectores militares obviamente se quedaron al margen y reincidieron”.
Dijo que el horrible de la fuerza de las Farc se mantuvo y que ha buscado paz y reconciliación.
Casi el mismo número de homicidios en el Valle de hace 10 años.En aquel 2016, de acuerdo con el documento Forensis Colombia del Instituto Nacional de Medicina Legal, el país tenía el gran reto para restablecer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas; “el papel del Estado es fundamental para retomar un país que lleva más de 50 años en conflicto armado”.
“Las consecuencias sobre las situaciones de violencias en el territorio nacional han sido muy graves: mujeres, niños, niñas y hombres, estuvieron en situaciones muy difíciles de olvidar y vivieron Múltiples formas de violencias a nivel, individual, familiar y comunitario, de ahí que una Ley de Víctimas como la 1448 de 2011 hable de procesos de reparación y rehabilitación en estos tres niveles”, decía el informe.
En 2016, el Valle arrojó 3.529 homicidios. Diez años después, debido a los grupos armados permeados por las drogas y la minería ilegal, en alianza con bandas criminales y delincuenciales con sicariato de las temidas ‘oficinas de cobro’ o de ajustes de cuentas entre narcotraficantesel panorama de inseguridad en el departamento dejó más de 2.300 homicidios en los primeros cuatro meses de este 2026.
Hace 10 años, el departamento del Cauca mantuvo una tasa de homicidios preocupante en el contexto del suroccidente del país. Gran parte de las muertes violentas se focalizaron en esa época en los municipios del norte de la región (Corinto, Caloto y Santander de Quilichao). Expertos indicaron vacíos territoriales de seguridad en zonas donde estuvieron las Farc, así como asesinatos de firmantes o excombatientes. Hoy el norte caucano, así como el sur y la zona del Pacífico están agitados por los actores armados.
En el año 2018, el panorama delictivo en el suroccidente de Colombia tuvo un recrudecimiento general de la violencia homicida.
Este fenómeno fue impulsado por la consolidación de disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’, disputando el control de los cultivos de coca y los corredores de salida de narcóticos hacia el océano Pacífico, según informes del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional de Colombia y el reporte anual Forensis 2018 de Medicina Legal.
Pero desde el 2016, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) informó que más de 400 defensores de derechos humanos fueron asesinados. En julio de 2024, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente por el asesinato de 375 excombatientes de las Farc y líderes sociales. “Es tan preocupante lo que viene ocurriendo, que la Defensoría del Pueblo tiene un registro de hechos consumados a causa del conflicto armado, siendo las y los líderes sociales, desde la firma del acuerdo de paz en el segundo semestre del 2016 hasta la fecha, los más afectados en el departamento, con 302 personas asesinadas (hasta mediados de 2024). Les siguen los excombatientes de las Farc, con 73 homicidios).
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No menos preocupante el panorama relativamente reciente. En 2022, la entidad de derechos humanos registró 480 hechos de personas asesinadas, atentadas, amenazas, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, cuyos principales responsables serían las estructuras armadas al margen de la ley, entre las que están las disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln; Sin embargo, en 2023 se contabilizó un total de 560 hechos de la misma naturaleza. El aumento, al hacer la comparación entre los dos años, fue del 16,67 %.
Durante ese 2024, las dinámicas de violencia del suroccidente de Colombia estuvieron fuertemente marcadas por la ruptura del cese al fuego entre el Gobierno y las disidencias de las Farc, que siguen órdenes de ‘Iván Mordisco’.
Se elevó la confrontación armada en el norte del Cauca y en el Valle, contrastando con reducciones significativas de los homicidios en zonas donde operaron treguas locales, como Buenaventura o el departamento de Nariño. Sin embargo, en Buenaventura, pese a las aparentes intenciones de ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ de lograr un acuerdo dentro de una debilitada paz total del Gobierno Nacional, ambas bandas criminales nunca han dejado de delinquir ni en la ciudad puerto del Valle del Cauca ni en otros países, como Chile.
Durante el primer semestre de este 2026, las dinámicas de homicidios en el suroccidente de Colombia muestran un panorama crítico marcado por repuntes de violencia urbana en el Valle del Cauca, un preocupante incremento de masacres rurales en el Cauca y alertas persistentes por el control territorial del narcotráfico.
La Defensoría del Pueblo ha documentado el accionar de grupos armados organizados (GAO) en el suroccidente del país, como el Ejército de Liberación Nacional (Eln); disidencias de las extintas Farc-EP, adscritas al ‘Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA)’, del nuevo ‘Estado Mayor Central (EMC)’; la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB)’ y el ‘Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)’ que, “además de ser parte del conflicto armado, es un grupo sucesor del paramilitarismo”.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
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