La Defensoría del Pueblo de Venezuela respaldó este jueves la activación del Estado de Emergencia Nacional y la movilización inmediata de fondos de reconstrucción tras los devastadores terremotos registrados en el país el miércoles 24 de junio, los cuales han dejado pérdidas humanas y graves daños materiales en el territorio.
A través de un comunicado oficial emitido en la capital, el órgano constitucional de derechos humanos expresó sus condolencias a las familias afectadas por lo que calificó como una “tragedia nacional”, provocada por severos movimientos telúricos cuyo impacto exacto y balance de víctimas aún está siendo evaluado por las autoridades estatales.
La institución hizo un llamamiento urgente a la “solidaridad y la unidad nacional”, instando a la ciudadanía a mantener la calma ya observar estrictamente las directrices emanadas de los cuerpos de seguridad ciudadana, gestión de riesgos y Protección Civil.
“En medio del estado de emergencia, se debe garantizar la priorización absoluta de los trabajos de búsqueda, salvamento y desescombro para proteger la vida de los venezolanos”, señaló la Defensoría, subrayando que las primeras 48 horas tras el desastre son un margen crítico para el rescate de supervivientes.
Asimismo, el organismo informó que ha desplegado a sus delegados sectoriales para mantener una comunicación continua con las autoridades municipales y regionales en todo el territorio nacional, con el objetivo de monitorear la situación sobre el terreno y coordinar la ayuda humanitaria de manera eficiente.
En el plano interno, la Defensoría del Pueblo confirma que se encuentra revisando el estado de sus propias sedes e infraestructura y coordinando con sus funcionarios el soporte logístico necesario para asegurar su despliegue en las diligencias de asistencia.
Finalmente, el comunicado oficial agradeció las muestras de apoyo manifestadas por la comunidad internacional, destacando que esta cooperación resultará fundamental para agilizar la asistencia técnica y optimizar la capacidad de atención del Estado en beneficio de todos los damnificados.