INVESTIGACIÓN. La funcionaria es investigada dentro del proceso abierto por presuntas irregularidades en la adquisición de crudo importado, una operación que, según las denuncias, se habría realizado a precios considerablemente superiores a los registrados en anteriores gestiones.
La investigación por la presunta compra de crudo con sobreprecio para el abastecimiento del mercado interno continúa sumando implicados. Este miércoles fue aprehendida una funcionaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), luego de prestar su declaración informativa en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz.
“Se trata del analista de contrataciones de YPFB de Santa Cruz, quien, una vez prestada su declaración, fue notificada con la aprehensión”, informó el jefe de la División de Corrupción Pública, Rolando Espinoza.
La funcionaria es investigada dentro del proceso abierto por presuntas irregularidades en la adquisición de crudo importado, una operación que, según las denuncias, se habría realizado a precios considerablemente superiores a los registrados en anteriores gestiones y por encima de referencias internacionales del mercado.
La autoridad policial explicó que las pesquisas aún se encuentran en etapa preliminar y que se prevé la convocatoria de más personas vinculadas al proceso de contratación y evaluación de las operaciones observadas.
“Existen también otras personas que vamos a convocar para que aporten información. Esta persona fue convocada a la División de Corrupción Pública y aquí prestó su declaración”, indicó Espinoza.
La aprehensión se produce apenas una semana después de que la Justicia determine la detención preventiva de otro funcionario de la estatal petrolera, quien formó parte de la comisión calificadora encargada de evaluar y validar contratos dentro de YPFB. Con esta nueva actuación, la Fiscalía y la Policía amplían el círculo de responsabilidades en torno a las decisiones adoptadas durante el proceso de importación del combustible.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por el vicepresidente Edmand Lara y un grupo de parlamentarios, quienes solicitaron una revisión de los contratos y documentos relacionados con la compra de crudo, al anunciar posibles irregularidades en los precios pactados y en los mecanismos de adjudicación.
Según los denunciantes, YPFB habría adquirido crudo con un sobreprecio considerable en comparación con gestiones anteriores, situación que podría derivar en un presunto daño económico al Estado.
El caso cobró relevancia en medio de las dificultades que atravesó el país durante los últimos meses para garantizar el abastecimiento regular de combustibles, escenario que obligó al Gobierno a incrementar los volúmenes de importación de diésel y crudo para atender la demanda interna. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades no descartan nuevas citaciones e incluso más aprehensiones, en función de los elementos que sean recolectados durante las declaraciones y la revisión de la documentación relacionada con las operaciones observadas.
Agencias