El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, denunció este miércoles ante la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que los bloqueos de caminos, que se extendieron en Bolivia por más de 50 días por parte de sectores radicales, dejaron de ser un mecanismo de presión para el diálogo y pasaron a operar como instrumento para paralizar el país.
Durante su intervención en la asamblea, Aramayo informó que durante las últimas semanas, Bolivia atravesó un período sostenido de conflictividad social que afectó la libre circulación de personas, el abastecimiento de bienes esenciales, el transporte, la actividad económica y, en general, la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
El conflicto comenzó como ocurre en toda democracia, con demandas diversas y, en muchos casos, legítimas. Pero lo que se vio fue algo más. Con el paso de los días, el eje del conflicto dejó de centrarse únicamente en esos reclamos y comenzó a desplazarse hacia una confrontación política de mayor profundidad. A medida que el Estado fue generando respuestas, la conflictividad no disminuyó; por el contrario, se intensificó.
“Los bloqueos dejaron de ser un mecanismo de presión para el diálogo y pasaron a operar como un instrumento para paralizar el país, afectarán el abastecimiento, exacerbarán el malestar social y generarán un costo político creciente”, denunció.
Señaló que, en ese escenario, se puso a prueba algo esencial, la capacidad del Estado democrático de gestionar el conflicto sin quebrar el orden constitucional.