Hay días en que la política copa los titulares y, detrás del escenario, se libra la batalla que de verdad importa: la de los activos, la del dinero. La jornada en que conversamos fue uno de esos días. Mientras un vuelo regular devolvía a Venezuela a Dinorah Figuera —la misma que durante años denunció a quienes esa tarde la sentaron a su mesa—, al otro lado de la pantalla, desde Estados Unidos y entre los cortes de una videollamada caprichosa, el economista que llevaba años advirtiendo sobre Citgo desgranaba con calma de aula lo que pocos quieren oír.
Francisco Rodríguez no es un recién llegado a esta intemperie. Hizo sus primeros trabajos sobre la economía venezolana junto a Jeffrey Sachs; dirigido, nombrado por unanimidad en el año 2000, la oficina de asesoría económica de la Asamblea Nacional, de la que el chavismo lo destituyó en 2004 por el delito de pensar en voz alta; fue economista jefe para la región andina de un gran banco de inversión y, desde la academia, ha publicado libro tras libro, el último de ellos —El colapso de Venezuela— bajo el sello de la Universidad de Notre Dame. Es, sobre todo, el hombre que se negoció a convertir la economía de su país en un ariete político, y que pagó esa negativa con el descrédito que ciertos sectores reservan a quien no se alinea.
De ahí la incomodidad que provoca. Rodríguez no se erige en juez ni en fiscal; repite, casi como un escrúpulo, que rige su juicio la presunción de inocencia. Pero esa misma presunción, recuerda, obliga a lo contrario del olvido: obliga a investigar. Y en torno a esa exigencia —que se rinda cuenta— gira toda la conversación.
—Empecemos por la noticia del día: el regreso de Dinorah Figuera a Venezuela, sentada con quienes acusó de robar. ¿Qué lectura le da?
—Lo primero que diría es que cuesta imaginar que a Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera se les ocurriera, de un día para otro, «reunámonos, hace tiempo que no nos vemos». Estamos ante un proceso que cuenta con el respaldo de Estados Unidos; me atrevería a decir que incluso ordenado por Estados Unidos. Y no lo afirmo a ciegas: hace apenas unas horas el Departamento de Estado emitió un comunicado que da contexto al encuentro y menciona el «fortalecimiento» del CNE. Es una palabra deliberadamente ambigua —no anuncia un CNE nuevo, pero lo nombra—. Conviene entender por qué importa esa figura y por qué importa el momento. La Asamblea Nacional de 2015 es, gústele a quien le guste, la última institución que Washington reconoce como legítimamente electa, y más aún: como el gobierno de Venezuela. Cuando se descubre el interinato de Guaidó, Estados Unidos queda ante una pregunta incómoda: ¿a quién reconoce? A Maduro no; Necesitaba algo que reconocer. Y reconoció a esa Asamblea. Ese detalle, en apariencia jurídica y abstracta, explica casi todo el capítulo de los activos. De aquellos 340 millones, según el saldo que sí publicó el Banco Central a propósitoa finales de 2025 quedaban siete: se gastó casi todo. ¿En qué? En salarios de diputados y, según reconoció Alejandro Plaz, en subsidios a los partidos del G4 para pagar a sus activistas. Y ahí ya pisamos terreno delicado, porque ni la ley venezolana ni la estadounidense permiten usar dinero del Estado para financiar partidos. El Estado no es de los partidos.
—Vayamos a los activos. Cuando el venezolano oye «Citgo», rara vez sabe qué se juega. ¿Qué se juega?
—Citgo es la séptima empresa de refinación de petróleo de Estados Unidos, casi uno de capropiedad del Estado venezolano desde mucho antes de Chávez —que, dicho sea de paso, junto a Rafael Ramírez quiso venderla, y por fortuna no ocurrió—. Pero no es solo Citgo. Están las cuentas de Pdvsa que administra la Junta A propósito; están los 340 millones de dólares que la República tenía en la Reserva Federal; Está el oro en el Banco de Inglaterra.
— ¿Cómo termina un puñado de acreedores apoderándose de la joya?
—Aquí está el corazón del asunto, y es contraintuitivo: los acreedores no tenían derecho a embargar a Citgo. Citgo es de Pdvsa; las deudas eran del Estado. Si el gobierno me debe, yo no puedo cobrarme con bienes de Pdvsa. Para eso existía toda una arquitectura de protección —Citgo Holding, PDV Holding—: para que, si la República quedaba debiendo, nadie pudiera decir «me quedo con Citgo». En condiciones normales el tribunal habría respondido: lleve usted eso a una corte venezolana. ¿Qué logran los acreedores en Delaware? Convencer a la corte de la teoría del “alter ego”: que el Estado usaba a Pdvsa ya Citgo como su «caja chica». Crystallex lo probó con hechos de la era Chávez–Maduro —aviones de Pdvsa trasladando a líderes de las FARC— y obtuvo una orden por mil millones de dólares.
—Pero la cifra que se cita hoy no es de mil millones.
—No, y esa es la parte que muchos prefieren no escuchar. Cuando otros acreedores se montan en el barco, el juez Leonard Stark les dice: no me sirve lo de antes; pruébenme que también bajo el gobierno interino, en 2019 y 2020, se trató a Pdvsa ya Citgo como caja chica. Y lo probaron. Stark llegó a escribir que el trato dado por el gobierno de Guaidó a Pdvsa ya Citgo había sido “materialmente idéntico” —materialmente idéntico— al de Maduro. Con eso la orden de embargo escaló de mil millones a 19.000. Esto no lo dice Francisco Rodríguez: lo dice un juez de Delaware, ratificado por la Corte de Apelaciones del Circuito y por la Corte Suprema de Estados Unidos. Cuando uno señala eso, en lugar de procederse a investigar, corregir y sancionar lo que fuese sancionable, se prefiere activar una maquinaria de ataque a quien hace la observación.
—Usted insiste en una palabra: rendición de cuentas. ¿Por dónde empezaría?
—Por lo más elemental. Citgo, por sus emisiones de bonos, está obligada a publicar estados financieros. Pdvsa no. Y Pdvsa, que es la dueña de Citgo, no ha publicado un solo estado financiero bajo la administración a propósito que dirige Horacio Medina. Lo primero que yo le preguntaría a Medina es: ¿dónde están los estados financieros de Pdvsa? Quiero saber en qué se ha gastado el dinero. Llevamos siete años de cantidades millonarias sin el saldo más mínimo.
—Hay un episodio que, según dijo, lo dejó estupefacto: una grabación en la que Horacio Medina habla de 75.000 dólares usados para el pago de una fiesta de matrimonio. ¿De qué se trata?
—Quedé estupefacto, sí. En esa grabación —un trabajo del periodista Jorge Castro—, Medina reconoce implícitamente con una ligereza pasmosa que hubo 75.000 dólares que terminaron, dice el periodista —y Medina asiente— en la boda de la hija de Orlando Viera-Blanco, entonces embajador del gobierno interino en Canadá, haciendo luego énfasis “que el dinero se recuperó”. Que no fue a él (Orlando Viera-Blanco) sino a la esposa, añade, como si eso cambiara algo: en cualquier marco regulatorio, los allegados de un funcionario son lo primero que se mira. Y el punto no es solo el destino que él mismo admite; es qué se hace cuando uno lo encuentra. Lo que correspondía era consignar esa evidencia ante las autoridades. En un gobierno normal, ese funcionario habría sido destituido y juzgado conforme a la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público. Nada de eso ocurrió: nos enteramos por la llamada de un periodista.
—Otro nombre que aparece es el de un economista al que usted respeta, Ricardo Villasmil.
—Y lo digo con pesar, porque es alguien a quien respeto profesionalmente, con quien he discutido en paneles. Las investigaciones que ha demostrado Jorge Castro señalan que Villasmil, siendo presidente del Banco Central a propósitoera director de una fundación que habría recibido fondos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo. Imagine al presidente del Banco Central de cualquier país montando una fundación a la que el Estado le transfiere dinero: eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Yo parto de la presunción de inocencia. Pero la presunción de inocencia también obliga a investigar. No es un salvoconducto para no mirar.
—Usted conoce el mecanismo de FARA. ¿Qué ha encontrado por esa rendija?
—FARA, la Foreign Agents Registration Act, obliga a reportar ciertas actividades de cabildeo, y esos reportes se publican en la web del Departamento de Justicia. Por ahí nos enteramos, por ejemplo, de que Citgo pagaba viajes de diputados a Estados Unidos, supuestamente para discutir la protección de los activos —olvidando que los activos de Venezuela no son los activos de Citgo: ahí reaparece el “alter ego”—. Y asoma algo más inquietante: una empresa bastante desconocida, creada al parecer hace poco, que este mismo año —ya consumada la salida de Maduro— firma un contrato con Pdvsa. a propósito para representarla en relaciones públicas por cantidades millonarias. Y resulta que algunos de los influencers más activos en defender al interinato y en difundir desinformación contra quienes hacemos críticas figuran como empleados de esa empresa. Parte de las demandas que se han sumado contra Pdvsa a propósito y contra Medina apunta justamente a eso: desvío de recursos públicos para intimidar, incluso, a testigos.
—¿Se refiere al caso del politólogo José Vicente Carrasquero y su participación en Vision Americas International?
—Más que señalar a alguien creo es fundamental se investiga lo que está oficialmente declarado en los archivos federales del FARA.
—Entre esas demandas está la de los trabajadores petroleros.
—Sí es, para mí, la más reveladora en el plano moral. Los trabajadores —pienso en el sindicato que lideró Iván Freites, perseguido político del chavismo— sostienen que Pdvsa violó sus derechos humanos y reclaman que se les paga. Una oposición de verdad comprometida con reparar las injusticias del chavismo habría dicho: sí, hablemos de lo que se cometió contra ustedes, y veamos cómo, ahora que representamos al Estado a través de Pdvsa, lo compensamos. Habría sido, además, una manera digna de decirle a la corte: le debemos a Crystallex, sí, pero también le debemos a nuestra gente, le debemos a los venezolanos. En cambio, a los despedidos y perseguidos se los volvió a dejar atrás. Y no solo está el caso llevado adelante por Freites, hay un caso reciente, muy simbólico, de una extrabajadora de la Refinería El Palito, que muestra el drama de los despedidos en 2002-2003.
—Hablemos de usted. ¿Por qué tantos quisieron crucificarlo?
—Porque me negué a convertir la economía en una herramienta de propaganda política. Durante años, ciertos sectores de la oposición sostuvieron que forzar el default de Venezuela, quebrar a PDVSA, asfixiar su financiamiento, tumbaría a Maduro. No lo compartí, por dos razones. La primera, porque era falso: Venezuela cayó en por defectosufrió la mayor contracción económica registrada en un país fuera de una guerra, y Maduro no cayó por eso —a Maduro lo saca, al final, una operación militar de extracción de Estados Unidos, no el colapso—. La segunda, porque es inmoral: destruir a Pdvsa, que generaba el 95% de las divisas del país, es hacerle daño a 30 millones de venezolanos; es ponerse a la altura de Chávez y de Maduro, subordinar la vida de la gente al cálculo político. Cuando dije eso, empezaron a llamarme para exigirme que declarara que en Venezuela no se podía invertir ni un dólar. Me negué. Y ahí decidió que, si Francisco Rodríguez no colaboraba, a Francisco Rodríguez había que atacarlo. Soy un académico: investigo, enseño, escribo. Mi oficio es analizar la economía con independencia, sea roja, azul, blanca o verde.
—Si la Asamblea de 2015 no investiga, ¿qué queda?
—Si la Asamblea de 2015, que sigue siendo reconocida como la última institución legítimamente electa, falta a su deber de investigar estos hechos, incurre en una falta grave contra el patrimonio de los venezolanos. Yo no voy a erigirme en juez ni en fiscal, ni voy a prejuzgar resultados. Pero hay indicios suficientes para una investigación a fondo, transparente, que determina cuánto se desvió y en qué se gastó. Hay actores que apuestan al olvido: «Yo me salgo de esto, esto queda en manos de cualquiera, nadie vendrá detrás de mí». Y muchos quieren, precisamente, que el tema se olvide. Los venezolanos tenemos que exigir lo contrario. A Dinorah Figuera, ya que el azar la devuelve al centro de la escena, solo le pido lo que le pediría a cualquiera en su lugar: que esté a la altura de su responsabilidad histórica.
“Follow the money”, dicen los estadounidenses, y rara vez una consigna se ajusta tanto a un país. La caja negra de Citgo no es un tecnicismo para iniciados: es el relato, contado en dólares, de una década en la que se administró lo de todos sin rendir cuenta a nadie. Rodríguez no pide condenas; pide expedientes. No reclamar culpables por decreto; recuperar saldos. Es, a fin de cuentas, la más modesta y la más subversiva de las exigencias en la Venezuela de hoy: que alguien, por fin, abra los libros.