El defensor de derechos humanos José Luis Urbano denunció una presunta trama de corrupción dentro del sistema educativo venezolano y reveló detalles del supuesto atentado que sufrió el pasado 5 de junio en Paraguay, país donde permanece exiliado. El activista asegura que el ataque guarda relación con las denuncias que ha formulado durante años contra funcionarios y estructuras de poder vinculados al Estado venezolano.
En una entrevista concedida a El NacionalUrbano afirmó que las autoridades escolares y funcionarios del Ministerio de Educación presuntamente desvían recursos destinados a la infraestructura y funcionamiento de los planteles, obligando a padres y representantes a asumir gastos que corresponden al Estado.
Según explicó, este mecanismo opera a través de la llamada “autogestión”, mediante la cual las familias financian reparaciones, mantenimiento y otras necesidades de las escuelas, mejoras que posteriormente son presentadas como obras ejecutadas por organismos gubernamentales.
Urbano estima que este esquema podría generar el destino de entre 70 y 80 millones de dólares anuales. En ese contexto, desafió públicamente al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a publicar la lista de las 1.700 escuelas presuntamente rehabilitadas con recursos estatales, al considerar que esa información permitiría esclarecer el destino de los fondos asignados al sector educativo.
Asimismo, denunció una presunta red de complicidad entre directores de escuelas, jefes de zonas educativas y funcionarios ministeriales, a quienes señalan por el supuesto desvío de recursos, cobros irregulares a representantes y sobreprecios en paquetes de graduación.
Una trayectoria en defensa de los derechos humanos.Sin embargo, su historia no comenzó en una oficina ni al frente de una organización social. Nació en las calles, en medio de la pobreza y la necesidad. Urbano asegura que conoció desde muy pequeña la dureza del trabajo infantil.
“Mi padre nos abandonó y me tocó salir a trabajar cuando tenía apenas 11 años. Hacía trabajos de pico y pala, labores demasiado pesadas para un niño. Las manos se me llenaban de heridas porque no tenía la fuerza de un adulto”, recuerda.
Aquella experiencia marcó profundamente su vida y moldeó el sentido de justicia que hoy guía su activismo.
“Todo eso me creó una sensibilidad especial contra los abusos. El tema de la infancia no es solo una causa para mí; es mi propia historia”, afirma.
Las vivencias de su niñez lo llevaron años después a dedicar su vida a la protección de la infancia y la defensa de los derechos humanos. Oriundo del estado Anzoátegui, José Luis Urbano es fundador y presidente de Fundapden (Fundación Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez) y ha dedicado más de dos décadas a denunciar casos de explotación infantil, cobros ilegales en instituciones educativas públicas y violaciones al derecho a la educación en Venezuela.
Su trayectoria ha sido reconocida por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (Amnistía Internacional). No obstante, esa labor también le tiene significado persecución, amenazas y atentados.
Lucha por su vidaJosé Luis Urbano relató que el pasado 5 de junio fue víctima de una emboscada en Paraguay, país donde permanece exiliado. Según explicó, fue contactado bajo engaño para acudir a una zona apartada donde supuestamente debía revisar una camioneta averiada. Al percatarse de irregularidades en el lugar, decidió retirarse.
Minutos después, recibió una videollamada de un hombre identificado como “Raúl”, quien aseguró pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y le advirtió que la zona estaba rodeada. Urbano logró ponerse a salvo y posteriormente presentó una denuncia ante las autoridades paraguayas, a las que solicitaron medidas de protección.
“Gracias a Dios estoy vivo”, expresó el activista, quien sostiene que el atentado está vinculado a la lucha judicial que emprendió tras el asesinato de su segundo hijo en Venezuela. Según relata, ese crimen ocurrió en medio de la persecución que sufría por su trabajo como defensor de derechos humanos y lo obligó a abandonar el país en 2017 para resguardar su vida.
Urbano asegura que detrás de las amenazas existe un intento por silenciar sus denuncias y favorecer la liberación de funcionarios policiales condenados por ese caso. Asimismo, responsabiliza de las amenazas en su contra a Douglas Martínez, actual subdirector de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y exdirector de Polisotillo.
Según afirma, la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo lo llevó a librar una batalla judicial de ocho años que alcanzó instancias internacionales, incluida la Corte Penal Internacional (CPI). Aunque logró una condena contra los responsables, sostiene que las amenazas y los intentos de intimidación continúan.
Una voz que se niega a llamarMientras espera una respuesta de las autoridades paraguayas a su solicitud de protección y un pronunciamiento de organismos internacionales de derechos humanos, José Luis Urbano insiste en que no abandonará su trabajo como activista.
Asegura que continuará denunciando las presuntas irregularidades en el sistema educativo venezolano y exigiendo justicia por el asesinato de su hijo, un caso que, según sostiene, cambió para siempre el rumbo de su vida.
“Si me quieren callar, seguiré hablando más fuerte”, concluye el defensor de derechos humanos, convencido de que las amenazas no lograrán silenciar una lucha que ha mantenido durante más de dos décadas.