La propietaria del predio productivo Santa Rita, ubicado en la provincia Guarayos de Santa Cruz, Melisa Barba denunció en el Comando Departamental de la Policía, que avasalladores nuevamente ingresaron en su propiedad, secuestrando en la misma a su esposo ya su suegro. Lamentó no recibir la ayuda necesaria, puesto que este suceso es reiterativo, por lo que pidió que se tomaran medidas drásticas para frenar esta problemática.
“Dan la espalda a un montón de gente trabajadora, el año pasado eran 60 trabajadores, este año solo quedan 30 familias porque no defienden y tienen que dejar que los delincuentes hagan algo”, expresó.
Asimismo, acotó que los responsables, son personas de San Julián y San Pedro, pero que al no recibir sanciones, vuelven a ingresar en el predio. Es por eso, que Barba pidió detener a uno de los presuntos cabecillas de estos grupos, identificado como Vicente Ollisco.
Otra persona que también se refirió a los avasallamientos, fue la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez, quien expresó su preocupación por las reiteradas denuncias de avasallamientos en la provincia Guarayos.
“Estos hechos reflejan una preocupante ausencia del Estado en la defensa de la legalidad, la propiedad privada y la seguridad jurídica. No podemos permitir que productores, trabajadores y familias continúen viviendo bajo amenazas permanentes mientras prevalezca la impunidad”, sostuvo.
En ese sentido, exigió a la Policía Boliviana, al Ministerio Público, al INRA y las autoridades competentes se constituyen de manera inmediata en el lugar para verificar los hechos, proteger a las personas y garantizar el cumplimiento de la ley.
Finalmente, Álvarez afirmó que la defensa de la propiedad privada, la lucha contra los avasallamientos, el fortalecimiento de las autonomías, la construcción de infraestructura estratégica y una distribución más justa de los recursos forman parte de una misma agenda de desarrollo para Bolivia.
“Guarayos no puede seguir siendo tierra de nadie. La paz social y el desarrollo solo serán posibles cuando el Estado garantice seguridad jurídica, respeto a la ley, defensa del territorio y condiciones reales para que las regiones productivas continúen siendo motor de crecimiento para el país”, concluyó.