Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos en Estados Unidos denunciaron este miércoles una profunda opacidad y falta de transparencia por parte de las autoridades respecto al traslado de migrantes y el posible cierre definitivo de Alligator Alcatraz (El Alcatraz de los Caimanes).
Este polémico centro de detención, ubicado en una zona geográficamente vulnerable al oeste de Miami, fue desalojado parcialmente en las últimas horas bajo el argumento oficial de proteger a los internos ante el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico.
Las agrupaciones Friends of the Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica (CBD) y Earthjustice —quienes interpusieron una demanda legal en 2025 contra las administraciones del presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por haber autorizado la apertura del complejo— ofrecieron una conferencia de prensa en la que sostuvieron que las instalaciones siguen operativas y que el traslado gubernamental es solo una medida cosmética.
“Estas instalaciones se concibieron a puerta cerrada, se construyeron sin participación pública y operaron en secreto.
Ahora, al parecer, se están desactivando sin explicación sobre cómo se remediará el lugar ni compromiso de cierre definitivo”, afirmó de manera contundente Paul J. Schwiep, abogado del bufete Coffey Burlington y representante legal de los grupos demandantes.
Un “infierno distópico” en el corazón de los EvergladesLos activistas enfatizaron que persistirán con sus en los tribunales a pesar del anuncio emitido el martes por el Servicio acciones de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), agencia que confirmó la reubicación de los migrantes retenidos en ‘Alligator Alcatraz’ hacia centros otros penitenciarios del país.
Las organizaciones insisten en que el complejo, inaugurado en julio de 2025 tras una inspección del propio presidente Trump, representa una amenaza ecológica inminente para el ecosistema protegido de los Everglades.
Según denunciaron, en los terrenos del centro aún se observa el movimiento de maquinaria pesada, sistemas de iluminación nocturna industriales encendidos y el flujo constante de materiales peligrosos que entran y salen del perímetro.
“El traslado de las personas detenidas fuera de este infierno distópico es un hito importante, pero no es suficiente”, aseveró Elise Bennett, abogada y directora para Florida y el Caribe del CBD.
Por su parte, Tania Galloni, directora de Earthjustice en Florida, coincidió en que mover a los internos es un paso en la dirección correcta, pero advirtió que “persisten los riesgos para las personas y el medio ambiente”.
Ambos juristas insistieron en que el objetivo final de la demanda es desmantelar la infraestructura para garantizar que un proyecto similar no vuelva a repetirse en suelo estadounidense.
Versiones encontradas, costos millonarios y la tormenta ArthurLa versión de las ONG contrasta directamente con la postura del Ejecutivo estatal. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, negó públicamente que las instalaciones polémicas se encuentren vacías u obsoletas tras el operativo de evacuación.
Asimismo, defendió la utilidad del proyecto al asegurar que, desde su apertura el año pasado, el centro de detención ha permitido procesar de manera efectiva a cerca de 25.000 migrantes indocumentados.
Sin embargo, el traslado masivo de reclusos coincidió en el tiempo con la formación de Arthur, la primera tormenta tropical de la actual temporada ciclónica del Atlántico, y se produce semanas después de que diversos medios de comunicación estadounidenses filtraran informes sobre una supuesta clausura programada para este mes de junio.
De acuerdo con la prensa, el factor determinante detrás del cierre no sería de carácter humanitario, sino financiero, debido a que mantener el complejo operativo le cuesta al erario público más de un millón de dólares diarios.
“Las administraciones de Trump y DeSantis han demostrado que no podemos confiar en su versión sobre ‘Alligator Alcatraz’, y no permitiremos que eludan su responsabilidad respecto a este desastre ambiental y moral como si nunca hubiera ocurrido”, sentenció Bennett en el cierre de la comparancia, ratificando que la coalición de activistas no detendrá la presión legal hasta que las tierras protegidas sean restauradas.
Con información de EFE.