El gobierno de Chile, liderado por el presidente José Antonio Kast, confirmó este martes la puesta en marcha de un proceso de auditoría y revisión exhaustiva sobre las pensiones de gracia concedidas por administraciones anteriores a ciudadanos que sufrieron la represión policial durante las masivas protestas sociales del año 2019, consideradas las más graves y convulsas desde el retorno a la democracia en el país.
“El gobierno está trabajando en una revisión respecto de las pensiones de gracia que se han otorgado en el contexto del estallido de octubre de 2019”, declaró ante los medios de comunicación el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.
Aunque el análisis técnico de los expedientes se inició de manera interna desde el arranque del mandato presidencial en marzo pasado, el procedimiento cobró notoriedad pública este martes tras la detención de un joven por su presunta vinculación con el delito de tráfico de drogas, quien figuraba como beneficiario de estos fondos estatales hasta el pasado mes de enero.
De acuerdo con los reportes de la prensa local, el ciudadano en cuestión había recibido un impacto de bala en la comuna de Ovalle, al norte del país, durante las manifestaciones de 2019, agresión que le provocó una fractura en el pubis.
Por este hecho violento, un capitán del cuerpo de Carabineros fue procesado por la justicia civil y condenado en el año 2022 a una pena de seis años de prisión efectiva por el delito de homicidio frustrado.
Según la información provista por fuentes gubernamentales, el joven percibía una asignación mensual cercana a los 450.000 pesos chilenos (aproximadamente 510 dólares al cambio actual), un estipendio económico que le fue suspendido a comienzos de año por razones que las autoridades aún no han detallado de forma oficial.
El subsecretario Pavez defendió la pertinencia legal del control de estos subsidios públicos, argumentando razones de probidad administrativa.
“Es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia especial del Presidente de la República y es algo que desde el día uno estamos haciendo”, puntualizó el alto funcionario del Ministerio del Interior.
La medida administrativa se alinea con la narrativa política que promueve la administración de Kast, el primer mandatario de extrema derecha en asumir la jefatura de Estado desde el fin de la dictadura militar.
A lo largo de su trayectoria política, el gobernante ha calificado de manera sistemática las movilizaciones ciudadanas de 2019 como un “estallido delictual”.
En paralelo a la revisión de los beneficios de las víctimas, el Ejecutivo ha reconocido de forma abierta que evalúa la posibilidad jurídica de conceder indultos presenciales a los miembros de las Fuerzas Armadas y de las policías que cumplen condenas firmes por abusos y represión durante el control de las marchas.
El estallido social de 2019, que sumergió al país en un debate constitucional que derivó en dos procesos de reforma fallidos, se caracterizó por la coexistencia de manifestaciones multitudinarias y pacíficas con focos de violencia extrema, saqueos a comercios y destrucción de infraestructura pública.
De acuerdo con los indicadores actualizados de la Fiscalía General, la crisis dejó un saldo de una treintena de víctimas fatales y millas de heridos, destacando más de 450 personas que sufrieron traumas oculares severos debido a la acción de los balines policiales.
Dichos procedimientos y tácticas de dispersión masiva fueron objeto de varias condenas internacionales por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de diversas plataformas globales de derechos humanos, que acusaron formalmente a las fuerzas de seguridad del Estado chileno de cometer violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales.
Con información de EFE.