El ingeniero, dirigente político y portavoz sectorial Jesús Armas cuestionó el anuncio de un acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa latinoamericana Impsa para la supuesta recuperación de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, conocida históricamente como Tocoma.
El especialista denunció que el procedimiento se está ejecutando de forma directa, obviando deliberadamente los canales de licitación pública y sin la transparencia requerida frente a los ciudadanos.
Opinó que la decisión gubernamental exponen una “absoluta desconexión con la realidad técnica de Venezuela”, argumentando que reactivar las obras de Tocoma no representa una urgencia real ni estratégica para la estabilización del deprimido Sector Eléctrico Nacional (SEN).
“Con apenas un tercio de esa inversión, se podría rehabilitar la Planta Centro, logrando un impacto mucho mayor, más eficiente y más rápido para la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional”, precisó el experto en materia de infraestructura.
Un historial de corrupción y desfalco fiscal.Recordó el perjuicio patrimonial que tiene significado este proyecto hidroeléctrico para las finanzas de la república.
Detalló que, según auditorías e informes técnicos ampliamente documentados, la obra fue presupuestada inicialmente en unos 3.000 millones de dólares.
Sin embargo, tras la asignación de contratos a la constructora brasileña Odebrecht -compañía implicada en el escándalo de sobornos transnacionales conocido como caso Lava Jato- y la aplicación de continuas adendas y modificaciones contractuales, el costo final de la infraestructura se disparó por encima de los 9.000 millones de dólares.
Armas enfatizó el nulo retorno de esta inversión pública: “Hoy, catorce años después de su supuesta inauguración, Tocoma produce 0 megavatios de los 2.160 proyectados. No está la obra, ni está la plata”, manifestó.
Debilidad institucional y secuestro del EstadoDe acuerdo con el planteamiento del ingeniero, el problema de fondo radica en el quieto institucional y el “secuestro del Estado” por parte del grupo gobernante.
Advirtió que al ignorar las leyes nacionales que regulan los procesos de contratación pública y licitaciones, se genera un vacío legal donde la sociedad civil -que financia las obras y es la legítima propietaria de los activos energéticos- queda totalmente marginada de los planos de reestructuración del país.
Armas insistió en que una verdadera reconstrucción del aparato eléctrico nacional debe basarse en el respeto estricto a los diagnósticos y planos energéticos elaborados durante años por técnicos y académicos venezolanos.
“Las prioridades de infraestructura, el qué hacer y el cómo hacerlo, no pueden ser impuestas por un régimen que es la madre del problema”, concluyó.