El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) señaló este domingo que “vaciar celdas no es cerrar El Helicoide”, al denunciar la falta de información oficial sobre el paradero y las condiciones de las personas reubicadas en otros centros de reclusión del país.
“Trasladar presos políticos sin información oficial no desmonta un centro de tortura ni una política feroz de represión. Menos aún si El Helicoide sigue vinculado a organismos policiales y de inteligencia. El escándalo no es denunciar El Helicoide. El escándalo es intentar normalizarlo”, reza parte del comunicado difundido por Clippve en sus redes sociales y en respuesta al diputado chavista Jorge Arreaza.
En el texto, la organización afirmó que no existe información pública verificable sobre los nombres ni los destinos de los detenidos trasladados el pasado 3 de juniolo que —según señaló— genera incertidumbre entre los familiares de los privados de libertad, quienes siguen sin saber, si sus allegados están o no en el centro de reclusión de Caracas o fueron movidos a otras instalaciones.
Asimismo, se reiteró que El Helicoide “debe dejar de ser símbolo vivo de tortura y convertirse en memoria, verdad y justicia”. “No hay convivencia democrática posible mientras persista una narrativa que intenta normalizar la represión y ocultar los crímenes de Estado”, se acotó.
COMUNICADO | Vaciar celdas no es cerrar El Helicoide
No hay información pública oficial sobre quiénes son ni a dónde fueron llevadas las personas detenidas.
Trasladar presos políticos sin información oficial no desmonta un centro de tortura ni una política feroz de represión.… pic.twitter.com/wlNEHhCDjN
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) 7 de junio de 2026 “Seguiremos denunciando cada arbitrariedad y nombrando las cosas como son. La unidad y los acuerdos que necesita Venezuela deben servir para liberar a todos los presos políticos, desmontar los centros y prácticas de represión, garantizar la justicia para las víctimas y recuperar el camino constitucional del respeto a la dignidad humana, la voluntad soberana y los derechos fundamentales”, se agregó.
Por último, se enfatizó que “el reconocimiento que espera el país no es una narrativa de normalización. Es un Estado que asuma los crímenes cometidos por sus funcionarios, investigue, sancione y garantiza que nunca más una familia tenga que recorrer cárceles y comandos preguntando dónde está su ser querido”.