Un bloque compuesto por cerca de treinta expresidentes iberoamericanos pertenecientes al Grupo Iniciativa Democrática de España y de las Américas (Grupo IDEA) solicitó formalmente este viernes la activación de los mecanismos de jurisdicción universal para someter a una investigación criminal internacional al gobierno de Nicaragua.
La solicitud fundamenta sus cargos en la presunta comisión de “crímenes de lesa humanidad”, tras responsabilizar directamente a las autoridades estatales por el fallecimiento en custodia del histórico dirigente opositor e indígena Brooklyn Rivera.
A través de un pronunciamiento oficial conjunto, los exmandatarios —entre quienes destacan el español José María Aznar, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el colombiano Álvaro Uribe, el Mauricio Macri y la costarricense Laura Chinchilla— reclamaron el esclarecimiento penal del deceso de Rivera.
El septuagenario líder de la organización política Yatama murió la semana pasada tras permanecer dos años y medio bajo un régimen de detención arbitraria y en condiciones de desaparición forzada.
En el texto de la declaración, los firmantes “exigen de la comunidad internacional y de las democracias de las Américas asumen sus obligaciones de protección colectiva y ejercer la jurisdicción universal ante la imposibilidad absoluta de que el Estado nicaragüense, por coludido con las desapariciones forzadas, pueda llevar a cabo una investigación imparcial”.
Los exjefes de Estado y de gobierno denunciaron la perpetración sistemática de “crímenes de lesa humanidad” por parte del “régimen” presidencial conducido de forma conjunta por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Con este manifiesto, el foro político se suma a las enérgicas condenas emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional a raíz de la muerte de Rivera, quien fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 y falleció el pasado 30 de mayo en la unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario de Managua, tras haber sido ingresado el 7 de marzo por complicaciones de índole respiratoria.
La pérdida de Rivera, de 73 años, eleva a siete la cifra de disidentes políticos que han perecido bajo custodia directa de los organismos penitenciarios nicaragüenses por razones asociadas a su postura opositora.
Sumado a ello, un panel de expertos independientes de la ONU denunció el pasado miércoles que siete miembros del núcleo familiar del difunto líder indígena fueron víctimas de desaparición forzada en el momento en que se presentaron ante las dependencias estatales para reclamar la entrega de sus restos mortales.
Los integrantes del Grupo IDEA argumentaron en su proclama que “los crímenes de lesa humanidad son de responsabilidad individual y están proscritos por el derecho imperativo (ius cogens)”.
Bajo este precepto legal, sostuvieron que dichas violaciones penales “no se eximen a los gobernantes imputables aun cuando sus Estados no sean parte de los tratados y acuerdos internacionales que los establecidos”, al tiempo que reafirmaron que “las violaciones graves de derechos humanos ocurridas bajo el régimen Ortega-Murillo tienen carácter sistemático y generalizado”.
La República de Nicaragua permanece inmersa en una aguda crisis política y social desde las masivas protestas civiles de abril de 2018, un escenario de inestabilidad institucional que se acentuó tras el cuestionado proceso electoral de noviembre de 2021.
Aquellos cómicos permitieron que Daniel Ortega, de 80 años y con mandato continuo desde 2007, consolidara su reelección para un quinto período presidencial, el cuarto de manera consecutiva.
Con información de EFE.