La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz, exhortó a las autoridades departamentales, municipales y organizaciones del Distrito Municipal 7 de la Villa Primero de Mayo a impulsar acciones de atención integral a la problemática de la población ayorea y contribuir a la seguridad ciudadana.
En una reunión convocada por el Comando Departamental de la Policía, realizada en la Estación Policial Integral (EPI) 5 de la Villa Primero de Mayo, autoridades del gobierno departamental, municipal, nacional y presidentes de barrio de la zona, analizaron medidas estratégicas para evitar conflictos entre integrantes de la comunidad ayorea Degüi y trabajadores de Delivery.
Durante el encuentro, las autoridades y dirigentes expresaron su preocupación por la escalada de violencia y solicitaron la intervención de las autoridades para resguardar la zona, debido a la presencia de un hospital municipal que se vio afectado debido al enfrentamiento desarrollado la semana pasada.
La delegada del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Sheila Gómez Santivañez, manifestó su rechazo a la justicia por mano propia y convocó a canalizar sus demandas por las vías competentes. “Desde la Defensoría del Pueblo ya hemos manifestado que la ciudadanía no puede atribuirse el rol de la policía, jueces y fiscales, porque de lo contrario se estaría cometiendo un delito, y en ese sentido la comunidad ayorea sabe que si cometen delito deben ser sancionados por las vías competentes, y como personas también es nuestra responsabilidad la seguridad ciudadana”, manifestó Gómez.
Como resultado de la reunión, las autoridades presentes determinaron: fortalecer el patrullaje preventivo conjunto de la Policía Boliviana, juntas vecinales, organizaciones sociales y actores comunitarios; recuperar espacios públicos municipales; ejecutar acciones de mejoramiento y reposición del alumbrado público, Limpieza y mantenimiento de áreas públicas.
Asimismo, la intervención de las instituciones departamentales y municipales competentes para la implementación de programas de asistencia, atención social, salud, rehabilitación y reinserción dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad y situación de calle, conforme a sus competencias institucionales.
Finalmente, la conformación de una Mesa Técnica Interinstitucional Permanente de Seguridad Ciudadana, mayor participación ciudadana en la promoción de denuncia oportuna de hechos delictivos, la gestión de recursos para seguridad ciudadana, la gestión de centros de acogida y rehabilitación.
La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucionales, realizará el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos.
El Mundo/Defensoría del Pueblo