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Las medidas administrativas fueron adoptadas ante el incremento de la cartera morosa y la falta de flujos financieros oportunos.
Desde la Gobernación advierten que las deudas de las EPS han generado afectaciones en la prestación de los servicios de salud. Foto: Ronny Suárez – EL TIEMPO
PERIODISTA29.05.2026 13:34 Actualizado: 29.05.2026 13:34
La crisis del sistema de salud en el departamento del Valle del Cauca sumará un nuevo capítulo este viernes 29 de mayo tras confirmarse la suspensión de la atención médica para los afiliados de la Nueva EPS en la Fundación San José de Buga y para los docentes adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) en el Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo.
Según dieron a conocer desde la Gobernación del Valle del Cauca, la determinación responde de forma directa al no pago oportuno de los servicios prestados por parte de las entidades aseguradoras, una situación estructural que impide la sostenibilidad operativa de los centros asistenciales de mediana y alta complejidad en la región.
Entre los afectados están los afiliados de la Nueva EPS en el Valle del Cauca. Foto:MAURICIO MORENO
Causas y dimensiones de la cartera morosa regionalDe acuerdo con el balance presentado por la secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, las deudas acumuladas con la red hospitalaria del departamento ya superan los 7 billones de pesos colombianos.
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La funcionaria enfatizó que ni el cambio de interventores en las entidades vigiladas ni el relevo en la Superintendencia Nacional de Salud han corregido las fallas recurrentes en el flujo de los recursos financieros.
“La deuda del departamento supera los $ 7 billones, y si bien la Nueva EPS ha hecho algunos pagos a algunas instituciones, tenemos otras donde la deuda se ha incrementado de tal forma que no hay otra salida administrativa que cerrar serviciosy eso no es una decisión administrativa, es una consecuencia al no pago de servicios porque cuando usted no le ha pagado a los médicos no tiene forma de lograr los turnos que se requiere para abrir servicios”, precisó la secretaría de Salud del Valle del Cauca.
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Por su parte, Luis Guillermo Franco, gerente de la Fundación San José de Buga, detalló la inviabilidad financiera que enfrenta la institución a su carga.
El directivo reveló que la cartera morosa de la Nueva EPS con dicho centro médico asciende a más de 52.000 millones de pesos.
Durante el último trimestre, la entidad promotora de salud solo reconoció y canceló el 26 % de las facturas radicadas, un escenario que bloqueó los flujos de caja y forzó el cese de operaciones programadas para esta población.
Secretaria de Salud, María Cristina Lesmes advierte sobre impactos de la crisis del Valle del Cauca. Foto:Secretaría de Salud Valle del Cauca
Impacto en la salud departamentalLa interrupción de los servicios médicos asistenciales genera un impacto directo sobre una población estimada en más de 90.000 usuarios de la Nueva EPS.
La afectación desborda el perímetro urbano del municipio de Buga, perjudicando de manera colateral a los habitantes de localidades vecinas del centro del departamento que dependen de la infraestructura tecnológica y de especialistas de la Fundación San José. Asimismo, en el norte del Valle, el cese de atención en el Hospital de Roldanillo restringirá el acceso a la salud de los docentes y beneficiarios del régimen exceptuado del Fomag.
Desde la Gobernación buscan una mesa técnica para solucionar la crisis. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Gestiones gubernamentales y medidas de contingenciaAnte la coyuntura, la Gobernación del Valle del Cauca solicitó de manera formal un espacio de concertación y mesa técnica con el interventor. asignado a la Nueva EPS.
El propósito del gobierno departamental es propiciar una negociación directa entre la EPS y la Clínica San José para establecer acuerdos de pago perentorios que permitan reabrir los servicios suspendidos.
No obstante, las autoridades territoriales informaron que dicho acercamiento formal aún no se ha consolidado.
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Como medida paliativa para contrarrestar las barreras de acceso derivadas de la crisis contractual, la Secretaría de Salud departamental anunció que mantendrá activas las jornadas de desconcentración de servicios médicos especializados directamente en los municipios, así como las brigadas de atención articuladas para agilizar el agendamiento de citas represadas.
Finalmente, se reiteró el llamado al Gobierno Nacional para coadyuvar en el diseño de un mecanismo definitivo que estabilice los pagos a la red de clínicas y hospitales del suroccidente del país.
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