La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió una sentencia favorable a Delia Espinoza Valenzuela y dejo sin efecto la inhabilitación por diez años para ejercer función pública impuesta por el Congreso de la República.
La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió una sentencia favorable a Delia Espinoza Valenzuela y dejo sin efecto la inhabilitación por diez años para ejercer función pública impuesta por el Congreso de la República.
El fallo corresponde al proceso por la demanda de amparo presentada por la exfiscal de la Nación contra las resoluciones legislativas emitidas en diciembre de 2025, mediante las cuales el Parlamento permitió su inhabilitación política.
“DECLARAR FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA DE AMPARO interpuesta por DELIA MILAGROS ESPINOZA VALENZUELA contra el CONGRESO DE LA REPÚBLICA; y por tanto, INAPLICABLE a la demandante los efectos de la Resolución Legislativa del Congreso N° 008-2025-2026-CR y la Resolución Legislativa del Congreso N° 007 2025-2026-CRpublicado el 05 de diciembre de 2025; y reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación o amenaza del derecho fundamental, corresponde ORDENAR la reincorporación de la demandante como Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público, siempre y cuando no exista resolución administrativa, judicial y/o de otra índole que disponga lo contrario“, señala la resolución.
La Tercera Sala Constitucional resuelve un favor de Delia Espinoza.
En su demanda, Espinoza argumentó que durante el procedimiento parlamentario se vulneraron derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa, la imparcialidad y la igualdad ante la ley. Además, sostuvo que nunca participó en la elaboración ni aprobación del reglamento fiscal que originó la denuncia constitucional.
La resolución judicial también recoge que la audiencia de descargas realizada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue declarada reservada y que posteriormente no se entregó copia de la grabación ni de la transcripción solicitada por la defensa.
Asimismo, el documento señala que la Comisión Permanente aprobó únicamente la acusación contra Delia Espinozamientras que los otros fiscales supremos involucrados en la denuncia fueron excluidos del proceso sancionador, situación que la defensa calificó como un trato discriminatorio y selectivo.
Otro de los cuestionamientos considerados en el proceso fue la participación del entonces presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosiquien además era autor de la denuncia constitucional y dirigido parte de las votaciones en el Pleno.
Con esta decisión, el Poder Judicial deja sin efecto la sanción política impuesta por el Parlamento.