El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta formal para incrementar sustancialmente las sanciones financieras contra aquellos inmigrantes que, tras recibir una orden judicial de expulsión del país, no hayan abandonado el territorio nacional y sean posteriormente arrestados por los agentes de control fronterizo.
La medida, impulsada bajo las directrices del gobierno del presidente Donald Trump, busca elevar el cobro administrativo hasta un tope de 18.000 dólares por indocumentado.
En términos específicos, el requerimiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicita modificar los parámetros financieros establecidos el año pasado mediante la Ley de Reconciliación Presupuestaria.
El objetivo es aumentar de 5.130 dólares a 18.000 dólares la multa penal aplicable a los extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, desatendieron el dictamen de salida obligatoria y terminaron bajo la custodia operativa del ICE.
De acuerdo con los documentos oficiales de la corporación migratoria, el endurecimiento de este cobro persigue un doble propósito institucional: por un lado, reembolsar parcialmente al Estado los altos costos fiscales que generan las fases de detención y expulsión logística; por el otro, consolidar la estrategia de la Casa Blanca orientada a ejercer presión financiera para forzar procesos de autodeportación entre la comunidad indocumentada.
Las denominadas órdenes de deportación en ausencia constituyen un recurso legal emitido de forma automática por los jueces de control cuando un ciudadano extranjero, habiendo sido notificado de manera formal con una citación obligatoria para presentarse ante una corte de inmigración, no comparece a las audiencias programadas para evaluar su estatus legal.
Dentro de la exposición de motivos publicados en el Registro Federal, el DHS detalló la evolución arancelaria de la medida en los últimos meses.
En septiembre pasado, el ICE comenzó a aplicar una tarifa base de 5.000 dólares fijada para el año fiscal 2025, un que posteriormente fue ajustado por monto por inflación en el mes de noviembre, situándose en los 5.130 dólares actuales.
No obstante, tras una revisión técnica de los saldos operativos, el ICE calcula que la tarifa vigente es insuficiente para compensar el gasto real de procesamiento.
“Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, argumentó el DHS en su propuesta de ley, precisando que el nuevo cálculo incluya una variedad de gastos indirectos y generales que abarcan desde el entrenamiento de personal especializado y el mantenimiento de vehículos de traslado hasta el financiamiento del equipo logístico de soporte.
Las autoridades migratorias establecieron un período de consulta pública para que la ciudadanía y las organizaciones civiles remitan sus comentarios formales, el cual permanecerá abierto hasta el próximo 22 de junio de 2026.
Con información de EFE.