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Capturados por fraude en la Registraduría de Fundación (Magdalena) Foto: fiscalía general de la nación
PERIODISTA21.05.2026 08:40 Actualizado: 21.05.2026 08:50
La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de agencias internacionales y la Fuerza Pública, desmanteló una sofisticada criminal roja enquistada en la Registraduría Municipal de Fundación (Magdalena).
La organización se dedicaba a la expedición fraudulenta de documentos de identidad colombianos, los cuales fueron posteriormente utilizados por redes transnacionales para el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos y Europa.
El golpe judicial, fechado este 21 de mayo de 2026, pone al descubierto una alarmante vulnerabilidad en las bases de datos del sistema oficial de identificación del país.
Según la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, los implicados cobraban abultadas sumas en dólares a cambio de dotar de una “falsa nacionalidad” a ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana y dominicana.
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Muertos que daban vida jurídica
Capturados por fraude en la Registraduría de Fundación (Magdalena) Foto:Fiscalía General de la Nación
La contundencia del material probatorio recaudado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) demuestra que la red operó de manera irregular en al menos 20 eventos delictivos plenamente documentados. Valiéndose de sus cargos y del acceso privilegiado a las plataformas institucionales, los funcionarios alteraban los sistemas para tramitar registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía.
Para lograrlo, la red estructuraba carpetas con formularios que contenían datos espurios y cartas de respaldo falsas. El hallazgo más macabro de la investigación penal procesal que, en varios casos, los perfiles de ciudadanos colombianos fallecidos eran suplantados y ‘reciclados’ para darles soporte legal a los migrantes extranjeros.
Las tarifas del portafolio criminal oscilaban entre los 1.200 y 1.500 dólares por persona. Con este dinero, los migrantes no solo obtenían la libertad de transitar sin restricciones por el territorio nacional, sino que radicaban solicitudes ante la Cancillería para obtener pasaportes auténticos, utilizándolos como trampolín para salir del país simulando ser nacionales colombianos con destino a México, Estados Unidos y diversos países de la Unión Europea.
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Despliegue operativo y capturas clave
Capturados por fraude en la Registraduría de Fundación (Magdalena) Foto:Fiscalía General de la Nación
La fase de capturas se ejecutó mediante un despliegue simultáneo en los municipios de Santa Marta y Fundación, en el departamento del Magdalena. Debido al impacto transnacional del delito, el CTI contó con el respaldo estratégico de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, además del apoyo en terreno del Ejército Nacional y Migración Colombia.
Los judicializados por este entramado de corrupción son:
Milena Sanjuanelo Castiblanco: Funcionaria activa de la Registraduría Municipal de Fundación.
Karen Liliana Mariño Rodríguez: Exservidora pública de la misma entidad.
Aníbal José Rojano Arévalo: Exservidor de la sede registradora.
Luis Alberto Cantillo Vizcaíno: Quien desempeñaba labores como guarda de seguridad en el recinto institucional.
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Alerta en la frontera y
presunción de inocencia
Operativos por fraude en la Registraduría de Fundación (Magdalena) Foto:Fiscalía General de la Nación
Este caso activa las alarmas sobre el alcance de las redes de tráfico de personas que instrumentalizan la institucionalidad colombiana para abrir rutas de migración irregular hacia el norte del continente y el Viejo Mundo.
Las autoridades migratorias ya indagan si existen otros despachos municipales de la Registraduría bajo esta misma modalidad delictiva.
Fiel a las garantías constitucionales vigentes, la Fiscalía General de la Nación recordó que la situación jurídica de los implicados se encuentra pendiente de resolverse de manera definitiva por el juez competente, bajo el estricto amparo del precepto de presunción de inocencia consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Sin embargo, el golpe asestado frena una de las ventanas de ilegalidad documental más peligrosas detectadas en el norte del país.
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Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
cartagena
*Con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación.
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