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El gobernador de la región, Luis Alfonso Escobar, dijo que es una iniciativa que busca transformar la minería informal e ilegal en una economía legal.
La Gobernación de Nariño busca impulsar una empresa para la minería legal de oro en la región. Foto: Gobernación de Nariño
20.05.2026 17:05 Actualizado: 20.05.2026 17:24
Una verdadera tempestad se ha desatado en el departamento de Nariño por cuenta de un proyecto para crear una empresa minera de economía mixta.
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La iniciativa fue presentada por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, a consideración de la Asamblea departamental para su aprobación, pero ha encontrado una gran oposición de diversos sectores.
La Gobernación de Nariño busca impulsar una empresa para la minería legal de oro en la región. Foto:Gobernación de Nariño
Se trata del proyecto denominado Promotora Minera de Nariño (Prominar), en cuya presentación efectuada en enero de este 2026, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, dijo que es una iniciativa que busca transformar la minería informal e ilegal en una economía legal, incluyente y generadora de renta para el territorio, como eje estructural de la paz territorial, la formalización minera y la transición energética del departamento.
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La Gobernación de Nariño busca impulsar una empresa para la minería legal de oro en la región. Foto:Gobernación de Nariño
Expresó que el problema histórico de Nariño no es la minería, sino un modelo institucional que extrae riqueza sin dejar renta, debilita la presencia del Estado y profundiza la pobreza y el conflicto.
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“La gran pregunta que tenemos hoy es si Nariño continúa promoviendo la ilegalidad o si buscamos soluciones conjuntas para salir de la minería ilegal”, planteó el mandatario seccional, al anunciar que la minería informal y las economías criminales son consecuencia de la ausencia de instituciones fuertes.
Formalización mineraAl defender el proyecto de Prominar, Escobar aseguró que incluye la creación de la Secretaría de Minas y de Transición Energética, la formalización minera como política pública, la soberanía energética y la paz territorial institucionalizada.
La Gobernación de Nariño busca impulsar una empresa para la minería legal de oro en la región. Foto:archivo particular
Lo que la iniciativa busca es recuperar para Nariño una renta que hoy se fuga del territorio, porque mientras el departamento recibe apenas 3.360 millones en regalías por 344 kilos de oro reportados, se estima que produce entre 10 y 15 toneladas anuales que no se registran, lo que representa pérdidas unas cercanas a los 100.000 millones cada año, dijo el mandatario.
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“Su alcance va más allá de la extracción, al incorporar procesos de transformación, comercialización legal, diversificación productiva y nuevas líneas como joyería y materiales de construcción”, agregó y aclaro que no se trata de crear una empresa para comprar oro, sino de construir institucionalidad para que la riqueza se quede en el territorio y derechos financieros, infraestructura y desarrollo.
Que entregue garantíasUno de los más severos críticos del proyecto es el diputado de la Asamblea de Nariño, Alexánder Rassa, quien le solicitó al gobierno departamental que haga entrega de las garantías, con el fin de darle el debate correspondiente al tema controvertido.
Luego se preguntó: “¿Por qué no se hicieron consultas propias con las comunidades indígenas y con los consejos comunitarios del departamento, sabiendo que en sus territorios existen abundantes yacimientos de materiales y minerales importantes que se pueden explotar a través de esta iniciativa?”.
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Dijo que es necesario discutir sobre la existencia de las comisiones de orden público, con el fin de garantizar la comercialización de minerales, recordando que en Nariño hay varios municipios que están bajo el dominio de grupos al margen de la ley.
El excongresista nariñense Guillermo García demostró que el proyecto no ha sido objeto de consulta con las comunidades indígenas y los afrodescendientes.
“Se contemplaban altos ingresos de los dignatarios de esa sociedad, superiores a los 50 o 60 millones de pesos, también que el departamento de Nariño que es el que pone los recursos, porque los privados solo van a aportar gestiones, conocimiento o innovación”, indicó y concluyó que el trámite del proyecto debe ser suspendido.
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Los indígenas piden suspensiónPor su parte, las autoridades indígenas de los pueblos pastos y quillasingas en Nariño también solicitaron a la Asamblea Departamental suspender el trámite del proyecto mencionado, hasta que se determine si la iniciativa debe surtir consulta previa con las comunidades indígenas.
Mediante un comunicado que lleva las firmas de 32 autoridades indígenas, se recordó que el proyecto podría afectar los territorios ancestrales, al igual que los recursos naturales, dinámicas ambientales, el gobierno propio y las formas de vida de las comunidades.
Igualmente le solicitaron al Ministerio del Interior emitió un concepto sobre la posible afectación directa a los pueblos indígenas, al tiempo que exigieron una mesa de diálogo de alto nivel con la Gobernación, la Asamblea y autoridades indígenas para analizar los impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto.
“Las autoridades indígenas de los pueblos pastos y quillasingas manifiestamos nuestra profunda preocupación frente a los riesgos y escenarios de vulnerabilidad a los que se exponen los líderes, líderes y autoridades que ejercen su derecho legítimo a opinar, cuestionar o expresar posiciones frente a asuntos relacionados con actividades extractivas y decisiones que puedan impactar el territorio”, manifestó el documento.
Se convocó un foroPrecisamente, la Gobernación de Nariño convocó a los interesados en el tema al foro denominado ‘Prominar, la empresa de todos’, como un espacio de diálogo y construcción colectiva alrededor del tema de la minería en el presente y el futuro regional.
Pese a ellos, algunas organizaciones sociales y ambientales en la región también rechazan el proyecto, recordando que resulta curioso que se esté impulsando una empresa de economía mixta, cuando integrantes del Pacto Histórico y de la Alianza Verde, que hoy respaldan al gobernador, en el año 2022 rechazaron iniciativas similares como Emgeti en Pasto.
Pero también persisten dudas sobre la composición accionaria de Prominar, al señalar que hasta ahora no existe una información pública suficiente sobre quiénes serán los socios privados, sus porcentajes de participación ni los mecanismos de selección e inversión.
Sobre el mismo tema también opinó la cofundadora de la empresa Censat Agua Viva, Tatiana Roa Avendaño, para quien la minería y el extractivismo no solo explotan la pérdidan los territorios, además de eso profundizan las violencias contra las mujeres, el acoso sexual, el abuso social y la acceso al agua.
Sobre el particular, la experta dijo: “Hemos encontrado que la situación de las mujeres es supremamente complicada en las regiones donde empieza el desarrollo de proyectos extractivos, el microtráfico ha descompuesto mucho la vida de los niños, niñas y adolescentes, pero también hay un deterioro de las fuentes hídricas”.
MAURICIO DE LA ROSA
Especial para EL TIEMPO
Pasto
Sigue el debate en Cali. Foto:
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