El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, reconoció este martes la caída del poder adquisitivo al afirmar que “el ingreso de los trabajadores se ha ido al fondo”, en medio de una economía golpeada por la inflación y la devaluación.
Aunque sectores sindicales y gremios vienen exigiendo desde hace meses un aumento sustancial del sueldo mínimo, Cabello descartó que el Ejecutivo vaya a financiar incrementos mediante la emisión de “dinero inorgánico”, práctica que durante años fue señalada por economistas como una de las causas de la hiperinflación venezolana.
“Si no hay plata, no puede haber aumento”, dijo. Añadió que para julio podría aprobarse un nuevo ajuste “con todos los recursos para pagarle a la gente”.
Protestas por mejoras salarialesLas declaraciones llegan en momentos de creciente presión social por mejoras salariales. Sindicatos han denunciado que el salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares, perdió su valor frente al alza sostenida de precios y la depreciación de la moneda nacional.
A finales de abril, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció que calificó de “el aumento más importante en los últimos años”, aunque la medida no modificó la base salarial. El ajuste se concentró en el bono de guerra económica, que pasó de 150 a 200 dólares, además de mantener un ticket de compra equivalente a 40 dólares mensuales.
Con ambos beneficios, el gobierno asegura que el llamado “ingreso mínimo integral” alcanza los 240 dólares mensuales. Sin embargo, especialistas y organizaciones laborales han advertido que estos pagos no tienen incidencia sobre prestaciones sociales, vacaciones, utilidades ni liquidaciones, debido a que son cancelados como bonificaciones y no como salario formal.
El debate salarial también ha estado acompañado de protestas y reclamos de trabajadores públicos, docentes y pensionados, quienes aseguran que los ingresos actuales resultan insuficientes frente al costo de la canasta básica. De acuerdo con estimaciones citadas recientemente por analistas y gremios, una familia venezolana necesita más de 600 dólares mensuales para cubrir gastos esenciales.
Mientras el Ejecutivo insiste en aplicar aumentos “responsables”, las organizaciones sindicales sostienen que mantener congelado el salario mínimo ha vaciado de contenido los derechos laborales, pues la base utilizada para calcular beneficios continúa prácticamente inexistente frente a la realidad económica del país.