el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó un fallo de alto impacto que redefine el rumbo de las investigaciones contra la presunta criminal roja ‘Los Operadores del Oriente’ que lideraría la congresista Francisco Paredes Castro (Podemos Perú).
El tribunal declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción; una decisión que marca un hito técnico al autorizar el rastreo de activos virtuales, pero que aplica un severo freno a las pretensiones de prisión provisional del Ministerio Público.
Toda la indagación operativa y el rastreo financiero partieron del allanamiento simultáneo ejecutado por las autoridades en los inmuebles de Rosa Paredes Castro, hermana de la parlamentaria, ubicados en Ucayali y el Cercado de Lima. Esta intervención permitió asegurar los dispositivos móviles que ahora serán auditados en busca de los activos virtuales que la Fiscalía ya seguía de forma previa.
La medida alcanzóba a Rosa Paredes Castro, hermana de la parlamentaria y Javier Antonio Barbarán Pérez, señalado como pareja de la legisladora. El rechazo a la orden de captura benefició también al presunto financista Rodolfo Bardales Piña y Edgar Rubén Vilcapaza Arias.
La Fiscalía argumentaba la existencia de peligro procesal debido a que los imputados no asistieron a brindar sus declaraciones, sin embargo, la jueza desestimó el argumento de forma tajante. En su resolución, la magistrada subrayó que no es jurídicamente viable privar de la libertad a un investigado por el solo hecho de ejercer su derecho constitucional a guardar silencio.
Bajo esa misma línea, el juzgado declaró infundado el allanamiento de las viviendas y vehículos de José Luis Penadillo Ramírez (trabajador de despacho) y de Roger Junior Carhuaz Borja (chofer de la congresista). La decisión se sostuvo en la falta de competencia de la justicia ordinaria para intervenir el entorno laboral director de un funcionario aforado.
A pesar de librarse de las órdenes de captura preliminar, los investigados se enfrentarán a una fiscalización tecnológica sin precedentes. La resolución judicial autoriza formalmente la apertura, registro, lectura y extracción de información de todos los dispositivos informáticos, como laptops y celulares, que resulten incautados durante las diligencias operativas. El objetivo central de la medida es ejecutar un rastreo financiero avanzado.
Bajo este mandato, los peritos forenses quedan facultades para auditar e incautar información dentro de los aplicativos de tráfico de criptomonedas instalados en los teléfonos móviles de los imputados.
Asimismo, el equipo fiscal tendrá acceso total a los perfiles tributarios de la SUNAT y el SAT, a la par de intervenir plataformas de la Bolsa de Valores y de diversas entidades bancarias.
La inclusión de estos activos virtuales responde a una sospecha clave de la Fiscalía Anticorrupción, los integrantes de ‘Los Operadores del Oriente’ habrían utilizado billeteras digitales para canalizar, lavar y ocultar las coimas de los S/ 20 millones obtenidos de las licitaciones direccionadas. Al evadir el sistema bancario.
La orden judicial mantiene firme el allanamiento y descerraje con un plazo máximo de ejecución de dos semanas. Para ello, los agentes de la Dircocor están autorizados a registrador tanto a los investigados como a cualquier tercero que se encuentre o llegue a los inmuebles, a fin de prevenir el ocultamiento de material probatorio.
La tesis que maneja la Fiscalía Anticorrupción sostiene que esta organización criminal operaba bajo una estructura piramidal rígida desde el 29 de julio de 2021, fecha que coincide con el inicio de la gestión de la congresista.
Según el documento fiscal, el origen de la red se remonta a un presunto pacto político ilícito concertado en el Palacio de Gobierno entre el expresidente Pedro Castillo Terrones, la parlamentaria Francis Paredes y miembros del denominado “Bloque Magisterial”.
El mecanismo de operación consistía en que el Poder Ejecutivo entregaba el control de las oficinas públicas descentralizadas en Ucayali a cambio de votos en el pleno del Congreso, orientados a bloquear las mociones de censura y los procesos de vacancia presidencial.
De acuerdo con las pesquisas, la red criminal logró capturar las áreas de logística de EsSalud Ucayali y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Desde esas posiciones, los implicados habrían direccionado la contratación de personal y licitaciones públicas de ambulancias aéreas y vuelos chárters por un valor estimado en S/ 20 millones de soles.
Al imputarse el delito de colusión agravada, los miembros de esta presunta organización enfrentan pronósticos de pena de entre 15 y 20 años de penitenciaría.
A través de un comunicado en su cuenta de X, el congresista Francis Paredes rechazó de manera enfática el relato incriminatorio y cualquier intento de vincularla con el caso. La legisladora precisó que hasta la fecha no ha recibido ninguna notificación formal por parte del Ministerio Público, pero solicitó que se actúe con celeridad y objetividad para “El fin de esclarecer los hechos en su totalidad y restituir mi buen nombre como madre, profesional y congresista de la República”. Finalmente, la parlamentaria reiteró su total disposición para colaborar con las investigaciones de las autoridades judiciales.