El partido Renovación Popular exige al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brindar explicaciones públicas sobre la la imparcialidad y transparencia del proceso electoral en zonas rurales antes de la proclamación oficial de resultados.
El partido Renovación Popular exige al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brindar explicaciones públicas sobre la la imparcialidad y transparencia del proceso electoral en zonas rurales antes de la proclamación oficial de resultados.
La agrupación política cuestionó la intervención de autoridades locales en la elaboración de listas de electores en centros poblados, señalando que este factor compromete la legitimidad de los comicios realizados el pasado 12 de abril.
SOTAVENTO: JNE proclamará este domingo a los candidatos que irán a la segunda vuelta: todas las medidas anunciadasEn el documento difundido por su Comité Ejecutivo Nacional este 14 de mayo, indican: “¿Cómo pueden garantizar elecciones justas e imparciales si son los alcaldes y autoridades locales —que tienen intereses políticos— quienes deciden qué vecinos aparecen en la lista de votantes en centros poblados?”. Según la agrupación, esta situación contraviene el principio de que las elecciones deben ser organizadas por organismos independientes y autónomos.
Renovación Popular sustenta su acusación en que, según documentos aportados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en 4,703 mesas de votación las listas de electores fueron preparadas por autoridades locales antes de ser revisadas por el organismo técnico. Renovación Popular enfatizó que, si bien el derecho al voto de las comunidades rurales debe ser defendido, la decisión no puede quedar “en manos de autoridades políticas que tienen preferencias, alianzas y favoritismos”.
En un comunicado anterior, Renovación Popular anunció que se compromete a “luchar firmemente desde el Congreso de la República para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”.
Ahí, el partido manifestó su rechazo a la Resolución N° 1122-2026-JNE, alegando que dicha norma “convalida el fraude electoral denunciado y probado” y que el JNE ha declinado su rol de garantía de la voluntad popular al priorizar aspectos procesales: “Ha preferido el formalismo, que el mandato constitucional de fiscalizar y asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre, espontánea y secreta de los ciudadanos”.