El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lanzó este viernes una advertencia contra los sectores que impulsan las protestas sociales en el país, asegurando que quienes intenten desestabilizar el sistema democrático terminarán en prisión.
Durante un acto en el antiguo Palacio de Gobierno, el mandatario –que cumple seis meses de gestión– afirmó que no permitirá que intereses personales se impongan sobre el orden constitucional, en un contexto de creciente tensión por marchas y bloqueos que el Ejecutivo vincula con presunto financiamiento del narcotráfico.
“Lo digo con absoluta firmeza. Esos que intentan, del pasado, destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel, porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, advirtió Paz ante la presencia de Michelle Muschett, directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Destacó que Bolivia atraviesa una suerte de “cataclismo” porque se produjo una “ruptura” entre “una visión de la política y la democracia del siglo XX” frente a “la construcción de lo que es la democracia, la convivencia y el desarrollo de Bolivia en el siglo XXI”.
Exigen la renuncia de Rodrigo PazCuestionó el “estado rentista” y la economía informal del país, que llega al 85% y la existencia de una “pseudo democracia” con un partido único, en alusión al Movimiento al Socialismo (MAS) que gobernó el país con los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Las declaraciones del mandatario se producen tras una jornada de intensas negociaciones con mineros cooperativistas de Potosí, que logaron un acuerdo tras violentas protestas en la sede de gobierno, aunque la presión persiste por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos que exigen la renuncia a la paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.
Una marcha de centenares de seguidores de Morales también se acerca a la sede de gobierno, adonde prevé llegar el lunes para exigir la renuncia del mandatario.
En la víspera, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la existencia de un “plan macabro” destinado a provocar una ruptura constitucional mediante protestas que, según dijo, financia el narcotráfico.
Morales sostuvo que el gobierno está obligado “a demostrar las mentiras” y cuestionó que el Ejecutivo le acuse de pagar las movilizaciones, porque eso implicaría acusar a todos los sectores en conflicto de ser “narcotraficantes”.